Santurbán: MinAmbiente revoca la reserva de La Baja en Santurbán y reinicia el proceso de protección
El Ministerio de Ambiente del gobierno de Abelardo De la Espriella revocó la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo el área conocida como La Baja, en la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander. La zona, de aproximadamente 1.499 hectáreas en el Macizo de Santurbán, quedó sin esa figura de protección. La nueva decisión quedó consignada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro Fabio Arjona y conocida públicamente el 19 de agosto.
La medida original había sido expedida por la entonces ministra encargada Irene Vélez, a menos de 24 horas del cambio de gobierno. Buscaba resguardar procesos hídricos de recarga, infiltración, almacenamiento y circulación de agua, y restringía nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería. El área está por fuera de los límites formales del páramo, pero forma parte del complejo de Santurbán, fuente de agua para más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
Una protección que duró pocos días
La Resolución 0994 se publicó un día antes de la posesión presidencial. El Ministerio de Ambiente del nuevo gobierno argumentó que debía revocarla de manera directa para corregir irregularidades de trámite y cumplir una orden judicial. El 4 de agosto de 2026 se había presentado una recusación contra Irene Vélez, dos días antes de que firmara el acto administrativo. Esa recusación, según el MinAmbiente, suspendía legalmente la actuación.
Además, el 10 de agosto el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga amparó, mediante tutela, los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación y debido proceso de habitantes de California. El fallo ordenó reiniciar el procedimiento y dejar sin efectos la consulta pública previa, para garantizar transparencia y una participación ciudadana real.
El Ministerio insistió en que la revocatoria no niega los fundamentos técnicos ni ambientales de proteger la microcuenca. Anunció que el trámite debe empezar de nuevo, con una evaluación integral, base científica y un proceso de consulta pública que cumpla todas las garantías.
El agua de Santurbán y el proyecto Soto Norte
Santurbán es un ecosistema estratégico. Más de 2 a 2,5 millones de personas dependen de sus aguas. La resolución original formaba parte de las delimitaciones y medidas de protección que el gobierno saliente dejó sobre el complejo de páramo. La zona de La Baja se relacionaba de manera directa con la discusión sobre el proyecto minero Soto Norte, vinculado a la multinacional Aris Mining.
Al quedar sin vigencia las restricciones sobre esas 1.499 hectáreas, el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán advirtió que se abre de nuevo la puerta a la explotación minera en un área sensible para la recarga hídrica. El comité anunció que interpondrá acciones jurídicas y convocará movilizaciones para defender el agua.
Los ambientalistas cuestionaron la velocidad de la decisión y señalaron que el fallo judicial pedía rehacer la consulta, no necesariamente revocar de forma completa la figura de reserva. El Ministerio, por su parte, sostuvo que el proceso anterior no cumplió las reglas de participación y que una nueva evaluación permitirá decidir con mayor solidez jurídica y técnica.
Qué viene ahora para la microcuenca de La Baja
El trámite de delimitación y protección de La Baja deberá reiniciarse. Eso implica una nueva evaluación técnica y jurídica, además de un proceso de consulta pública que, según el MinAmbiente, debe garantizar información oportuna y participación de las comunidades de California y de quienes dependen del agua de Santurbán.
La controversia resume una tensión recurrente: la urgencia de proteger ecosistemas estratégicos frente a la exigencia de que esas decisiones se tomen con debido proceso, transparencia y consulta real. Mientras el gobierno actual insiste en que no está rechazando la protección ambiental sino corrigiendo el procedimiento, las organizaciones que defienden el páramo consideran que se desmontó una salvaguarda en tiempo récord.
El desenlace dependerá de cómo se adelante el nuevo proceso. Lo que está en juego no es solo una resolución administrativa, sino el manejo de una de las fuentes hídricas más importantes del nororiente colombiano y el precedente que deje sobre minería y páramos.
Generada con ayuda de la IA
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