Caso Alison Salazar: la absolución de policías reabre el debate sobre los juicios mediáticos en Colombia

El reciente fallo judicial que absolvió a tres integrantes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el denominado Caso Alison Salazar volvió a poner sobre la mesa una discusión compleja: los efectos de las condenas sociales y mediáticas antes de que la justicia concluya las investigaciones.

La decisión judicial, conocida cinco años después de los hechos ocurridos durante el estallido social de 2021 en Popayán, determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones de violencia sexual contra los uniformados Víctor Hugo Martínez, John Jader Montenegro y Julián Andrés Martínez.

Aunque la muerte de Alison Salazar continúa siendo una tragedia que marcó al país, el fallo establece que las pruebas presentadas durante el juicio no demostraron la ocurrencia de los delitos sexuales que durante años fueron atribuidos a los policías involucrados en el procedimiento.

El origen del Caso Alison Salazar

El 12 de mayo de 2021, en medio de las protestas del Paro Nacional en Popayán, Alison Salazar, una joven de 17 años, fue retenida por integrantes del Esmad y trasladada a un Centro de Atención Inmediata (CAI).

Horas después de recuperar su libertad, la adolescente tomó la decisión de quitarse la vida, hecho que generó una profunda conmoción nacional. Las denuncias iniciales realizadas por familiares, activistas y diversos sectores sociales apuntaban a que la menor habría sido víctima de abusos sexuales durante su retención.

La indignación se extendió rápidamente por todo el país. El caso se convirtió en uno de los símbolos de las denuncias sobre presuntos abusos policiales durante las jornadas de protesta. Las manifestaciones derivaron en disturbios, ataques contra instalaciones oficiales y una fuerte presión pública para que se judicializara a los uniformados.

El fallo que cambió el rumbo del proceso

Según el fallo judicial revelado recientemente, el informe de necropsia médico-legal descartó cualquier evidencia de violencia sexual contra la joven.

El juez concluyó que, aunque se identificaron algunas lesiones físicas, estas fueron calificadas como leves y no se logró establecer una relación directa con la retención policial. Además, los análisis forenses determinaron que no existió afectación física contra la integridad sexual de la víctima.

La sentencia también señaló que el procedimiento policial tenía como propósito mantener el orden público, aunque cuestionó aspectos relacionados con el uso de la fuerza y la falta de identificación visible de algunos agentes.

Sin embargo, el despacho judicial fue enfático en señalar que no se encontró evidencia que demostrara una intención de causar sufrimiento, tortura o violencia sexual contra la menor.

Para los tres uniformados, la decisión representa el final de un proceso judicial que se extendió durante cinco años y que, según sus testimonios, estuvo acompañado de amenazas, señalamientos públicos y afectaciones personales y familiares.

El riesgo de las condenas anticipadas

Más allá de la absolución, el Caso Alison Salazar deja una reflexión sobre el impacto que pueden tener las reacciones inmediatas en contextos de alta polarización social.

Durante el estallido social, múltiples voces políticas, líderes de opinión y usuarios de redes sociales señalaron públicamente a los policías como responsables de violación y otros delitos graves antes de que concluyeran las investigaciones judiciales.

El caso demuestra la necesidad de diferenciar entre la legítima exigencia de justicia y las condenas anticipadas que pueden afectar el desarrollo de los procesos judiciales. En un Estado de derecho, las denuncias deben investigarse con rigor y profundidad, especialmente cuando involucran posibles violaciones de derechos humanos, pero también respetando la presunción de inocencia.

La tragedia de Alison Salazar sigue siendo un hecho doloroso para su familia y para la sociedad colombiana. Su muerte generó preguntas legítimas sobre la actuación de las autoridades y la protección de los derechos de los ciudadanos durante las protestas.

No obstante, la reciente absolución evidencia que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas verificadas y no en percepciones colectivas o presiones mediáticas. El fallo cierra un capítulo judicial, pero deja abierta una discusión de fondo sobre el equilibrio entre la indignación social, la búsqueda de justicia y el respeto al debido proceso en Colombia.