PAE Popayán: Ponencia positiva de Rosa Sinisterra

PAE Popayán: Ponencia positiva de Rosa Sinisterra abre debate sobre sociedad mixta

El 14 de septiembre de 2026 coincidieron en Popayán dos hechos que hoy tensionan el debate sobre el PAE Popayán. En la Institución Educativa José Eusebio Caro se informó la suspensión temporal del restaurante escolar y se pidió a las familias enviar un refuerzo alimenticio desde casa. El mismo día, en el Concejo Municipal, la concejala Rosa Agustina Sinisterra Landázury firmó ponencia positiva de primer debate para autorizar al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo a constituir una sociedad de economía mixta que tendría entre sus funciones administrar, planear, suministrar y distribuir raciones del Programa de Alimentación Escolar.

La firma no es un detalle menor. Según el documento de 18 páginas citado por medios locales, la corporada, ponente de la Comisión Segunda, cerró el texto con la fórmula: “Presento ponencia positiva para primer debate”. Con esa recomendación, el proyecto de la Administración deja de ser solo una iniciativa del despacho y entra al trámite con el respaldo formal de quien debía evaluarlo.

Qué propone la sociedad mixta para el PAE Popayán

El proyecto no habla de entregar el programa a un particular de un día para otro. Dispone un capital autorizado de $7.000 millones y un capital inicialmente suscrito de $3.929 millones. Como mínimo, el 91 % de las acciones o derechos de voto debería permanecer en manos del municipio. Eso implica que Popayán aportaría cerca de $3.575 millones y que la participación privada máxima, del 9 %, rondaría los $353,6 millones.

La figura es legal: las sociedades de economía mixta están previstas en la Ley 489 de 1998 y en el Código de Comercio. El alcalde Muñoz Bravo ha insistido, en mesas públicas y en la instalación de sesiones del Concejo, en montar un “gestor alimentador público” que vincule productores y asociaciones campesinas, optimice recursos y amplíe cobertura. En 2025 la Administración reportó un salto de cobertura —del 53 % al 65 %— y recursos propios equivalentes al 5 % de libre destinación, además de una gestión ante la Unidad de Alimentación Escolar para asegurar el calendario 2026.

El punto de fricción está en el diseño. El objeto de la empresa no se limitaría al PAE Popayán: también podría extenderse a “cualquier otro modelo de nutrición poblacional”, con duración indefinida, domicilio en la capital del Cauca y capacidad de operar en todo el país. Tendría asamblea de accionistas, junta directiva y gerente. La selección de socios estratégicos se haría por proceso público, pero bajo reglas de derecho privado, aunque sujetas a principios de la función pública. Buena parte del gobierno corporativo quedaría para los estatutos posteriores.

La pregunta que ya circula en redes y en el recinto es directa: si el municipio pone al menos el 91 % del capital de un programa financiado con recursos públicos, qué valor aporta el socio privado que no pueda aportar la propia Administración.

Independencia política y el peso de una firma

Rosa Agustina Sinisterra Landázury no es una concejala improvisada. Reelegida para el periodo 2024-2027 por el Partido de la U, en enero de 2024 fue la primera mujer y la primera afrodescendiente en presidir el Concejo de Popayán. En la administración de Juan Carlos López Castrillón se la identificaba como oposición. Frente al gobierno de Muñoz Bravo se declaró independiente, aunque la relación ha mezclado tensiones —mociones, choques en plenaria, control político a secretarios— con coincidencias puntuales.

Firmar una ponencia positiva no equivale, por sí sola, a militar en la bancada de gobierno. Los concejales votan por razones jurídicas, técnicas o políticas distintas. Pero tampoco es un acto decorativo. Quien recomienda que un proyecto avance asume responsabilidad pública sobre esa recomendación. En el caso del PAE Popayán, esa responsabilidad se vuelve más visible porque el servicio toca a niños, permanencia escolar y un presupuesto sensible.

La crítica local no recae en un delito inexistente ni en una privatización ya consumada. Recae en la aparente contradicción entre el discurso de independencia y el registro documental de la firma, el mismo día en que una institución educativa quedó sin restaurante “hasta nueva orden”. Esa coincidencia no prueba causalidad. Sí obliga a explicar, con cifras y no con eslóganes, por qué la prioridad institucional parece ser crear empresa cuando el problema inmediato es garantizar el plato.

El antecedente de Ciudad Moderna

El recelo no nace solo de este expediente. En 2021, el Concejo —del que hacían parte Sinisterra y Daniel Leonardo Muñoz García, hoy presidente de la corporación— otorgó facultades al entonces alcalde López Castrillón para crear una empresa mixta de alumbrado público. Así nació Ciudad Moderna S.A.S. E.S.P., con 65 % municipal y 35 % privado (Inteligencia de Ciudad S.A.S.), autorizada por el Acuerdo 005 de 2021 y constituida en mayo de 2022.

Esa compañía ha presentado ante el Concejo balances de modernización LED, recaudo e intervenciones. También ha sido objeto de control político por sostenibilidad, costos de interventoría, deudas asociadas a la concesión y resultados desiguales en barrios y veredas. En octubre de 2025, un concejal advirtió que la deuda del contrato superaba los $50.000 millones, con una porción alta de intereses, y cuestionó costos de interventoría que podrían rebasar los $43.000 millones durante la vigencia. Son señalamientos en debate, no sentencias, pero bastan para que la ciudadanía compare ambos modelos antes de abrir otra puerta mixta, esta vez sobre alimentación escolar.

El PAE Popayán no es un servicio más. Es permanencia, nutrición y confianza. La sociedad mixta todavía no existe: apenas inicia trámite. Falta primer debate, plenaria, estatutos, socio y reglas de juego. Lo que sí existe es una ponencia favorable, una suspensión puntual del restaurante escolar y un antecedente de empresa mixta que Popayán ya conoce. A Rosa Sinisterra, a la Administración y al resto del Concejo les corresponde responder, con documentos a la vista, si esta fórmula fortalece lo público o vuelve a compartir con privados la administración de un programa que la ciudad financia casi por completo.