Violencia política contra las mujeres en Colombia: el desafío que marca las elecciones presidenciales de 2026
A tan solo cinco días de las elecciones presidenciales en Colombia, el debate sobre la participación femenina en la política volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el foro “Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia”, un espacio convocado junto a la revista CAMBIO en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde magistradas y lideresas analizaron las barreras que enfrentan las mujeres en el ejercicio político.
Durante el encuentro, las magistradas de la Sala Plena del CNE, Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales, presentaron el balance institucional de la implementación de la Ley 2453 de 2025 y anunciaron garantías reforzadas para proteger a las candidatas y lideresas durante la jornada electoral del próximo 31 de mayo.
El 78 % de las candidatas ha sufrido violencia política
Uno de los datos más alarmantes revelados durante el foro proviene del estudio “3.000 voces por la democracia”, realizado por ONU Mujeres en 2025. Según la investigación, el 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política.
Las agresiones incluyen violencia psicológica, económica, digital y sexual, evidenciando que la participación de las mujeres en política sigue marcada por amenazas, discriminación y ataques que buscan limitar su liderazgo y representación pública.
El informe también refleja que muchas mujeres enfrentan campañas de desprestigio en redes sociales, acoso, intimidaciones y dificultades económicas derivadas de prácticas excluyentes dentro de los mismos escenarios políticos. Esta situación ha generado preocupación entre organismos electorales y defensores de derechos humanos, especialmente en medio de un proceso electoral tan importante como las presidenciales de 2026.
Las magistradas del CNE insistieron en que la violencia política basada en género no solo afecta a las candidatas, sino que representa un riesgo para la democracia, ya que limita la participación equitativa y reduce las posibilidades de representación real de las mujeres en cargos de elección popular.
Brecha entre participación y representación femenina
Otro de los puntos destacados durante el foro fue la diferencia entre el número de mujeres que participan en política y aquellas que finalmente logran ocupar cargos públicos.
En las elecciones al Congreso de la República de 2026, las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas inscritas. Sin embargo, solo obtuvieron el 29,98 % de las curules, una cifra que evidencia una marcada brecha de representación.
Para el Consejo Nacional Electoral, esta diferencia es una de las consecuencias visibles de la violencia política basada en género, pues muchas candidatas enfrentan obstáculos estructurales, falta de garantías y prácticas discriminatorias que afectan sus posibilidades de competir en igualdad de condiciones.
El organismo electoral señaló que la implementación de la Ley 2453 de 2025 busca precisamente fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción frente a este tipo de violencias. Además, el CNE aseguró que continuará promoviendo medidas para garantizar campañas más seguras y libres de discriminación.
Las magistradas coincidieron en que avanzar hacia una democracia más incluyente implica reconocer las barreras históricas que enfrentan las mujeres en la política colombiana y adoptar acciones concretas para eliminarlas.




Garantías reforzadas para las elecciones del 31 de mayo
Ante la cercanía de la jornada electoral presidencial, el Consejo Nacional Electoral anunció un conjunto de garantías reforzadas destinadas a proteger los derechos políticos de las mujeres candidatas, lideresas y votantes.
Entre las medidas se encuentran mecanismos de monitoreo frente a casos de violencia política, canales de denuncia y acompañamiento institucional para atender situaciones de intimidación o agresión durante el proceso electoral.
El CNE reiteró que la protección de las mujeres en política es un mandato constitucional y una prioridad en el fortalecimiento democrático del país. Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos, autoridades y ciudadanía para rechazar cualquier forma de violencia o discriminación basada en género.
El foro también dejó en evidencia que la violencia política continúa siendo uno de los principales desafíos de la democracia colombiana. Aunque se han registrado avances normativos y una mayor participación femenina en escenarios electorales, persisten prácticas que afectan la igualdad y limitan la representación efectiva de las mujeres.
Con las elecciones presidenciales a pocos días de realizarse, el debate sobre la violencia política de género cobra mayor relevancia, mientras organizaciones, instituciones y candidatas insisten en la necesidad de garantizar procesos democráticos más seguros, equitativos y libres de violencia.








Imagenes e información suministradas por el Consejo Nacional Electoral
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