Protocolo de la Fuerza pública para ingreso a universidades: qué anunció De la Espriella y por qué divide al país
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 13 de septiembre de 2026, en alocución, un protocolo nacional de actuación para definir cuándo la Policía podrá ingresar a campus de universidades públicas. El debate sobre Fuerza pública y universidades quedó abierto de inmediato: el Gobierno insiste en que la autonomía del artículo 69 de la Constitución no equivale a un territorio sustraído de la ley, mientras rectores, congresistas de oposición y organizaciones estudiantiles advierten el riesgo de criminalizar la protesta. El texto del protocolo, a esta hora, aún no ha sido publicado.
Qué contempla el anuncio presidencial
De la Espriella afirmó que la autonomía universitaria “no está en discusión”, pero “no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”. La Policía Nacional, dijo, será la “primera autoridad operativa” y podrá intervenir ante violencia, vandalismo o terrorismo; flagrancia; peligro; alteraciones extraordinarias del orden público; y cuando desde los campus se preparen ataques o se almacenen elementos destinados a la violencia.
El mandatario distinguió la protesta pacífica —que dijo respetar y garantizar dentro de la Constitución y la ley— del vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a civiles o a uniformados. “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, sostuvo. Y agregó: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.
El Ministerio de Justicia, liderado por Iván Cancino González, respaldó el 14 de septiembre que la autonomía “debe ser protegida, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades”.
Autonomía, Código de Policía y un protocolo que todavía no existe
El artículo 69 de la Constitución y la Ley 30 de 1992 reconocen que las universidades se dan sus estatutos y eligen autoridades. Ninguna de esas normas prohíbe de forma expresa el ingreso de la Policía a un campus. Los artículos 162 y 163 del Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) sí permiten entrar a un inmueble sin autorización previa en flagrancia o cuando hay riesgo para la vida; esa actuación, de todos modos, puede ser revisada después por un juez.
Esa frontera jurídica es el corazón del anuncio: el Gobierno no creó todavía un decreto ni una resolución pública. Lo que hay es una instrucción presidencial y la promesa de un protocolo para distinguir protesta legítima de hechos que, según el Ejecutivo, exigen intervención. Expertos en justicia han pedido que ese documento se concerte con los órganos de gobierno universitario y no sea unilateral.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, se declaró dispuesto a sentarse a definir el protocolo. Aceptó que, en delitos graves —terrorismo, heridos o crimen en flagrancia—, la Policía ya puede entrar sin permiso previo. Advirtió, en cambio, que un ingreso masivo o con tanques durante una movilización puede ser contraproducente y defendió inteligencia, filtros de identificación en porterías y no usar la fuerza de forma preventiva en protestas pacíficas. “Las universidades públicas son autónomas, pero no son soberanas”, resumió.
Apoyos, rechazos y el llamado estudiantil
A favor se pronunciaron la senadora María Fernanda Cabal, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes vincularon la medida a impedir que grupos armados usen los campus. Representantes como Carol Borda, egresada de la Nacional, hablaron de impunidad de encapuchados.
En contra, Gustavo Petro comparó el anuncio con prácticas de dictaduras y dijo que oponerse a la autonomía es oponerse “a la razón” y al pensamiento libre. Iván Cepeda, Aida Quilcué e Isabel Vera (Pacto Histórico) lo calificaron de riesgo de criminalizar la protesta y recordaron heridos y muertos en intervenciones previas, entre ellas en la Universidad del Valle. La Universidad Pedagógica Nacional advirtió sobre las consecuencias históricas de militarizar campus.
La Organización Colombiana de Estudiantes rechazó el tono de la alocución, pidió “movilización masiva y pacífica” en defensa de la autonomía y de la educación pública, y llamó a repudiar la violencia como forma de tramitar diferencias, porque —dijo— le sirve de pretexto al Gobierno para endurecer el discurso.
Qué implica para Popayán y la Universidad del Cauca
En Popayán, la Universidad del Cauca es el principal campus público. El protocolo, cuando se publique, aplicaría también aquí: no cambia por sí solo los estatutos de Unicauca, pero sí fija un criterio nacional sobre cuándo la Fuerza Pública puede actuar dentro del predio. Directivas, consejo académico, estudiantes y Policía Metropolitana tendrán que esperar el texto para saber si habrá coordinación previa con rectoría, umbrales de flagrancia o reglas distintas para disturbios frente a delitos graves.
Hasta que ese documento exista, el anuncio es una línea política —no una norma publicada— y el pulso entre orden público y autonomía universitaria seguirá en el centro del debate nacional y local.
Generado con ayuda de la IA
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