Fiscalía rechaza suspensión automática de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender automáticamente las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo volvió a encender el debate nacional sobre la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento, realizado este 12 de mayo de 2026 bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, dejó claro que cada caso deberá ser evaluado individualmente y con verificaciones rigurosas antes de tomar cualquier decisión judicial.
La controversia gira alrededor de la solicitud presentada por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien firmó una resolución aceptando de “buena fe” un listado entregado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo.
Gobierno buscaba suspender órdenes de captura para avanzar en diálogos
El pasado 29 de abril de 2026, el Gobierno Nacional solicitó la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición, para facilitar el traslado de integrantes del grupo armado hacia Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Las zonas planteadas para este proceso serían Tierralta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó, donde inicialmente llegarían cerca de 400 personas relacionadas con la estructura criminal. La propuesta hace parte de las conversaciones socio-jurídicas contempladas dentro de la estrategia de “Paz Total”, que busca acuerdos de sometimiento a la justicia y desmovilización.
Entre los nombres incluidos en el listado aparecen figuras de alto perfil criminal como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, considerado el máximo cabecilla actual del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos. También figuran Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana y Luis Enrique Martínez Cogollo, entre otros.
El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para avanzar en procesos de paz y disminuir la violencia en diferentes regiones del país.
Fiscalía advierte falta de garantías y requisitos incumplidos
Sin embargo, la Fiscalía aseguró que no existen condiciones suficientes para aplicar una suspensión automática de las órdenes de captura. Según el ente acusador, no se cuenta con información plenamente verificable sobre las 29 personas incluidas en la solicitud.
Entre las preocupaciones señaladas están la falta de claridad sobre la identidad completa de algunos integrantes, su situación jurídica actual, órdenes de captura vigentes y solicitudes de extradición. Además, la entidad indicó que aún no se evidencian compromisos concretos relacionados con el cese de hostilidades, la entrega de menores reclutados y el abandono de actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.
La Fiscalía también enfatizó que no tiene conocimiento detallado de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con esta organización armada, lo que limita cualquier actuación automática. Por ello, insistió en que cada caso será analizado de manera independiente y bajo estrictos controles judiciales.
Asimismo, aclaró que una eventual suspensión de órdenes de captura no significaría libertad total de movimiento para los integrantes del grupo, sino únicamente desplazamientos estrictamente necesarios hacia las Zonas de Ubicación Temporal autorizadas.
Crece la polémica por la “Paz Total” y las extradiciones
La decisión ha generado fuertes reacciones políticas en Colombia. Sectores de oposición, dirigentes políticos y expresidentes como César Gaviria cuestionaron la intención del Gobierno de suspender órdenes de captura contra cabecillas señalados de narcotráfico y violencia.
Algunos críticos consideran que la medida podría afectar la seguridad nacional y deteriorar las relaciones con Estados Unidos, especialmente en casos donde existen solicitudes de extradición activas.
Por su parte, el Gobierno defiende la estrategia asegurando que este tipo de mecanismos son fundamentales para abrir caminos hacia una eventual desmovilización y reducción del conflicto armado.
El caso evidencia nuevamente las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía en torno a la implementación de la política de “Paz Total”, una iniciativa que desde su creación ha estado rodeada de controversias jurídicas y políticas relacionadas con beneficios judiciales a estructuras criminales.
Generada con ayuda de la IA
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