Juliana Guerrero: el ascenso, los títulos anulados y la presunta red de influencias que sacude al Gobierno

Juliana Guerrero Jiménez, joven de aproximadamente 24 años oriunda de la zona de Valledupar (Cesar), pasó en poco tiempo de militante estudiantil a figura cercana al entorno del presidente Gustavo Petro. Su nombre volvió a dominar la agenda nacional en julio de 2026 tras una investigación de Revista Semana que la señala, junto a su hermana Verónica, como líder de una presunta red de tráfico de influencias. Antes de eso, ya enfrentaba un proceso penal por títulos universitarios que la propia universidad anuló.

¿Quién es Juliana Guerrero y cómo llegó a la órbita presidencial?

Guerrero Jiménez surgió en el gobierno de Gustavo Petro como activista estudiantil. Rápidamente ocupó cargos de confianza: fue secretaria de Transparencia de la Presidencia, enlace territorial del Ministerio del Interior y jefa de gabinete. En agosto de 2025 el propio presidente la presentó públicamente como candidata a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Aunque ya no ocupa cargos formales, mantiene influencia y sigue siendo delegada del Gobierno en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar.

El escándalo de los títulos universitarios

Cuando Petro la nominó, su hoja de vida no cumplía los requisitos mínimos porque carecía de título profesional. Poco después apareció con dos diplomas de la Fundación Universitaria San José: Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y Contadora Pública, ambos expedidos el 1 de julio de 2025.

Las irregularidades detectadas fueron graves. Según las investigaciones, nunca asistió a clases ni presentó exámenes, no presentó el examen Saber Pro (requisito legal obligatorio) y no aparece registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). La propia universidad reconoció que se graduó sin cumplir los requisitos. Denuncias posteriores indicaron que pagó cerca de ocho millones de pesos por los títulos después de la fecha de “graduación”, según facturas de la DIAN de finales de julio de 2025.

El rector de la San José, Francisco Pareja, admitió irregularidades. La universidad anuló los títulos. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentó denuncia penal y el Ministerio de Educación abrió investigación a la institución.

El proceso penal y la investigación de Semana

En febrero de 2026 la Fiscalía radicó solicitud de imputación por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El 26 de marzo se realizó la imputación formal. La fiscal Jessica Montealegre afirmó que “Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó las pruebas Icfes”. También fue imputado Luis Carlos Gutiérrez, entonces secretario general de la Fundación San José. Ambos se declararon inocentes. La Fiscalía pidió prisión domiciliaria, que no se impuso de forma efectiva. En julio de 2026 se radicó el escrito de acusación. La audiencia de formulación de acusación está programada para el 5 de agosto de 2026 en el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá.

Paralelamente, el 24 y 25 de julio de 2026 Revista Semana publicó una investigación que señala a Juliana y Verónica Guerrero como líderes de una presunta red de tráfico de influencias que operó entre 2024 y 2025. Según el reportaje, ofrecían gestionar contratos en ministerios (Vivienda, Interior, Ambiente, Igualdad y otros) a cambio de dinero. El esquema típico incluía un millón de pesos por la primera cita, un anticipo de 200 millones y el 10 % del valor del contrato. Los pagos se habrían realizado por Nequi, cuentas bancarias y efectivo a través de un intermediario llamado David Trespalacios. Se habrían recaudado más de 600 millones de pesos. La investigación cita chats de WhatsApp, comprobantes de consignación, audios y testimonios de empresarios. Los proyectos mencionados incluyen acueductos, mejoramiento de vivienda, sistemas de seguridad (Fonsecon) e infraestructura hídrica en La Guajira. En la mayoría de los casos los contratos no se concretaron y los empresarios reclamaron la devolución del dinero, que no se produjo.

Las hermanas Guerrero no han sido imputadas todavía por estos hechos. Solo Juliana enfrenta proceso por los títulos.

Reacción de Petro y estado actual

El 25 de julio de 2026 el presidente Petro reaccionó públicamente. Señaló que las pruebas deben entregarse a la Fiscalía, que “si recibieron dinero deben devolverlo y colaborar con la justicia” y que “los empresarios dieron plata como pendejos” porque su gobierno “construyó barreras contra la corrupción”. Pidió a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios que las habrían buscado corromper.

Al 26 de julio de 2026, los títulos universitarios están anulados, el escrito de acusación por los diplomas ya fue radicado y la audiencia de acusación se realizará el 5 de agosto. La investigación de Semana permanece en etapa periodística, sin imputación penal. Juliana Guerrero no está privada de la libertad ni bajo medida de aseguramiento efectiva y ya no ocupa cargos formales en el Gobierno, aunque conserva influencia.

Generado con ayuda de la IA

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