Tutelas en salud aumentaron 34,1 % en 2024 y podrían subir otro 18,6 % en 2025, advierte la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento preocupante en las tutelas relacionadas con el derecho a la salud en Colombia. Según su más reciente informe, durante 2024 se registró un aumento del 34,1 % en comparación con 2023, y se proyecta que para 2025 el incremento podría ser de otro 18,6 %, alcanzando más de 314.000 acciones de tutela si la tendencia continúa.

El balance indica que el país pasó de 197.737 tutelas en 2023 a 265.173 en 2024, lo que evidencia que miles de ciudadanos siguen recurriendo a los tribunales para garantizar la atención médica, la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud.

Además, entre 2022 y agosto de 2025 la Defensoría ha recibido cerca de 107.000 quejas formales por vulneraciones al derecho a la salud, al tiempo que las peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud pasaron de 1,1 millones en 2022 a 1,6 millones en 2024, con una proyección de más de 2 millones para 2025.

Principales causas: barreras de acceso y fallas en medicamentos

El informe revela que las causas más frecuentes de las tutelas y reclamos tienen que ver con la negación o demora en la entrega de medicamentos, la falta de atención oportuna, y las trabas administrativas. Solo entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó 18.451 tutelas en salud, de las cuales el 50 % se relacionaron con la negación del servicio, el 32 % con deficiencias en la atención médico-asistencial y el 7 % con fallas en la entrega de medicamentos.

La entidad también señaló que en varias regiones del país se presentan problemas estructurales en la cadena de suministro farmacéutico: desabastecimiento, demoras en la distribución, rotación constante de gestores y dificultades financieras de las EPS e IPS. Esto ha obligado a muchos usuarios a comprar sus tratamientos directamente, generando un aumento en el gasto de bolsillo en salud, que en algunos territorios ya representa entre el 25 y el 35 % de los ingresos familiares.

El estudio “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” concluye que el acceso real a los medicamentos esenciales sigue siendo una de las mayores deudas del sistema, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde la cobertura y el transporte de insumos son más complejos.

Una crisis estructural que exige una reforma consensuada

Para la Defensoría, el incremento de tutelas y reclamos es una señal de alerta sobre el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema de salud. Aunque la afiliación formal se mantiene alta, el acceso efectivo a servicios y tratamientos continúa siendo un desafío para millones de colombianos.

El organismo propuso una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a los entes territoriales:

  • Fortalecer la gobernanza y transparencia de las entidades del sistema.
  • Reducir las barreras administrativas que retrasan los tratamientos.
  • Asegurar el flujo de recursos hacia las EPS y hospitales públicos.
  • Garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales en todo el país.
  • Avanzar hacia una reforma estructural consensuada, centrada en los derechos de los pacientes y no en los intereses financieros.

La Defensoría advierte que, si no se corrigen las fallas estructurales, la tutela —que debería ser un mecanismo excepcional— continuará siendo el recurso habitual de los colombianos para acceder a servicios básicos. Esta tendencia, señala el informe, no solo satura al sistema judicial, sino que evidencia la incapacidad del sistema de salud para garantizar el derecho fundamental a la salud sin necesidad de litigar.

Finalmente, el llamado del organismo es claro: se necesita una acción conjunta entre Gobierno, Congreso, prestadores y ciudadanía para garantizar un modelo de salud más justo, transparente y humano. De lo contrario, el país podría cerrar 2025 con una de las cifras más altas de tutelas en salud de la última década, reflejando una crisis que trasciende las estadísticas y afecta directamente la vida y dignidad de miles de colombianos.

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