1. Origen y contexto de la propuesta

El pasado 21 de octubre de 2025, en Cali, Sergio Fajardo presentó su propuesta de seguridad nacional bajo el nombre “Plan Guardián”. El escenario no fue casual: Cali y el departamento del Valle del Cauca atraviesan una crisis de inseguridad, lo que motivó elegir esta ciudad para el lanzamiento.
Fajardo partió de una crítica al modelo vigente denominado Paz Total —implementado por el actual gobierno colombiano—, al afirmar que dicho modelo “ha sido un fracaso” y que ha traído consigo un incremento de la criminalidad, la pérdida de presencia estatal en territorios y mayor impunidad.
De este modo, el Plan Guardián surge como la apuesta del candidato para recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado y modernizar la función de seguridad para el país en su conjunto.

2. Ejes y medidas centrales del Plan Guardián

El Plan Guardián se estructura sobre varios ejes fundamentales: recuperación y fortalecimiento del control territorial, seguridad urbana y rural, y cooperación internacional contra economías ilícitas.
Entre las medidas más destacadas figuran:

  • El fin de la negociación y modelo de “Paz Total” a partir del día uno de la administración de Fajardo. “El 7 de agosto, después de la posesión, se termina el modelo de negociación denominado ‘Paz Total’», afirmó el candidato.
  • La incorporación de aproximadamente 40.000 nuevos policías al servicio público de seguridad, junto con la modernización tecnológica de la fuerza pública (uso de inteligencia artificial, drones, modernización de equipos) y la recuperación del “honor y dignidad” de los soldados y la Policía Nacional.
  • La creación de un Sistema Nacional de Seguridad, Convivencia y Justicia, que implicará mayor coordinación entre nación, departamentos y alcaldías, con reuniones semanales del Consejo de Seguridad Nacional, seguimiento territorial y mando conjunto.
  • Acciones en materia penitenciaria: la construcción de cinco nuevos centros carcelarios para reducir el hacinamiento, y un modelo alternativo de vigilancia a cargo del INPEC para castigar extorsiones desde las cárceles.
    Además, el Plan contempla el desarrollo del programa “Entornos Protectores”, que busca prevenir la vinculación de jóvenes al crimen a través de oportunidades educativas, culturales y deportivas, con especial atención en zonas vulnerables como el Cauca, el Chocó y el Catatumbo.

3. Desafíos, críticas y posibilidades de impacto

La propuesta de Fajardo tiene ambición y responde a un clamor social por mayor seguridad en ciudades como Cali, donde la violencia urbana, el narcotráfico y la extorsión son protagonistas. No obstante, enfrenta varios desafíos importantes.
Primero, la transición del modelo de “Paz Total” al nuevo esquema implica un cambio institucional profundo: reorganizar la fuerza pública, modernizar la tecnología y establecer mecanismos eficaces de coordinación territorial requerirán recursos, tiempo y voluntad política. Fajardo lo asume, pero la ejecución será clave.
Segundo, la incorporación de 40.000 policías y la construcción de nuevas cárceles plantean retos presupuestales y de logística. Será necesario que el Estado destine recursos suficientes y garantice formación, equipamiento y supervisión adecuada para que no se conviertan en promesas incumplidas.
Tercero, la propuesta de endurecimiento frente al crimen y revertir la concesión de “negociaciones” plantea tensiones políticas y de institucionalidad. Fajardo mismo instó a que la justicia opere sin presiones políticas y que se rompa la politización en la aplicación del derecho.
Finalmente, en términos de impacto, si el Plan Guardián logra recuperar presencia estatal en zonas antes dominadas por actores criminales, aumentar la profesionalización de la fuerza pública y reforzar la prevención social (a través de entornos protectores para jóvenes), podría marcar un cambio real en la cultura de seguridad ciudadana. Para regiones como el Valle del Cauca y ciudades como Cali, esto representa una esperanza concreta.
En resumen, la propuesta de Sergio Fajardo representa una apuesta de fuerte calado para la seguridad en Colombia: exige coherencia, recursos, maquinaria institucional y seguimiento constante, pero si se materializa, puede contribuir a devolver la autoridad del Estado, la sensación de paz y la dignidad a los cuerpos de seguridad.

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