La Constituyente de Petro: más estrategia electoral que transformación necesaria
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a plantear la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar el marco constitucional vigente. Según sus propias declaraciones, esta iniciativa busca desbloquear las reformas sociales y estructurales que, a su juicio, han quedado frustradas por el sistema político actual.
Sin embargo, diversas voces expertas consideran que la propuesta no solo carece de viabilidad jurídica y política, sino que además aparece en un contexto electoral que sugiere intereses distintos a los de un verdadero cambio institucional. Para varios analistas, se trata más de una herramienta política que de una necesidad real para el país.
Una estrategia electoral encubierta
El anuncio de Petro ocurre en un momento en que su Gobierno enfrenta dificultades para aprobar reformas clave en el Congreso y se acerca un nuevo ciclo electoral. En ese escenario, la Constituyente se ha convertido en una bandera política con la que busca movilizar a su base y marcar distancia con la oposición.
Algunos expertos sostienen que el discurso de la “transformación profunda” busca canalizar el descontento ciudadano y presentarse como la única alternativa capaz de romper con el statu quo. Sin embargo, en la práctica, el llamado a una Constituyente puede interpretarse como un intento de reactivar el entusiasmo electoral alrededor del petrismo y mantener la atención mediática ante la pérdida de apoyo en las encuestas.
Desviar el foco de las reformas puntuales
Aunque el Gobierno insiste en que el país necesita una nueva Constitución para consolidar sus cambios, la Carta de 1991 ya contempla los mecanismos necesarios para realizar ajustes estructurales. Reformas como la de salud, pensiones o justicia pueden tramitarse mediante leyes o actos legislativos, sin necesidad de convocar una asamblea constituyente.
Plantear una nueva Constitución podría desviar el debate del verdadero problema: la falta de consensos políticos y de capacidad de gestión dentro del propio Gobierno. En ese sentido, más que un instrumento de cambio, la propuesta parece una maniobra para presionar al Congreso y reavivar la narrativa de “bloqueo institucional” frente a sus políticas.
Reglas del juego y reelección indirecta
Aunque Petro ha reiterado que no busca la reelección presidencial, la posibilidad de una Constituyente abre la puerta a modificar las reglas del juego político. Algunos sectores interpretan que esta iniciativa podría favorecer a su coalición o dejar condiciones que permitan prolongar su influencia más allá de su mandato.
En un contexto de creciente polarización, cualquier intento de reescribir la Constitución puede generar incertidumbre política y económica, debilitando la confianza en las instituciones y frenando la inversión.


¿Por qué no es necesaria una Constituyente en Colombia?
La Constitución de 1991, ampliamente reconocida por su enfoque en los derechos humanos y la participación ciudadana, sigue siendo un marco robusto que permite reformas graduales y consensuadas. Convocar una nueva Asamblea implicaría un proceso largo, costoso y riesgoso, especialmente en un país con altos niveles de fragmentación política.
Además, Colombia enfrenta desafíos urgentes —como la inseguridad, el desempleo y la informalidad— que requieren soluciones inmediatas desde la gestión gubernamental, no desde una refundación institucional. Una Constituyente en estas condiciones podría paralizar al Estado y agudizar las tensiones sociales, en lugar de resolverlas.
Conclusión
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Petro puede tener un componente simbólico de transformación, pero en el fondo parece responder más a una estrategia política que a una necesidad nacional. En lugar de concentrarse en el cumplimiento de las reformas prometidas y en mejorar la gestión del Estado, el Gobierno opta por una narrativa que busca reposicionar su proyecto ante la opinión pública y mantener viva su base electoral.
Colombia no necesita reescribir su Constitución para avanzar, sino fortalecer las instituciones que ya tiene, mejorar la eficiencia del Estado y construir consensos políticos reales. Una nueva Constituyente, en este momento, sería más una apuesta electoral que una solución estructural.
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