Impuesto a las transacciones digitales de Petro

Propuesta de impuesto a las transacciones digitales de Petro genera críticas por su impacto negativo

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puso sobre la mesa un proyecto de decreto que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados mediante plataformas digitales y billeteras electrónicas como Nequi, DaviPlata o Bre-B. La justificación oficial es que existe una “asimetría” entre los pagos con tarjeta (que ya tributan retención) y los nuevos medios digitales, y que la medida busca igualar el tratamiento fiscal entre ambos tipos de pagos.

No obstante, esta propuesta ha generado una ola de críticas por parte de gremios, fintechs, pequeños comerciantes y expertos en inclusión financiera. A continuación se exponen los aspectos negativos más relevantes de esta iniciativa:

Impacto sobre pequeños comercios y emprendedores
Uno de los principales cuestionamientos es que este gravamen —aunque parezca pequeño en porcentaje— puede representar un costo significativo para comercios con márgenes reducidos. Un comercio que opera con márgenes del 3 % al 7 % podría ver cómo ese 1,5 % recorta una parte sustancial de su utilidad. Además, como muchas de estas plataformas digitales son utilizadas precisamente por negocios informales o medianos que buscaban reducir costos de intermediación, la medida podría socavar ese beneficio.

Desincentivo a la digitalización e inclusión financiera
Otro punto crítico es que la medida podría revertir avances hacia la bancarización y digitalización de la economía. Expertos del sector financiero han alertado que imponer un costo adicional a las transacciones digitales viene justo cuando se está impulsando la adopción de billeteras y pagos electrónicos, lo cual contradice la lógica de favorecer menos uso de efectivo. En efecto, plataformas como Bre-B, promovidas para facilitar pagos instantáneos sin costo, ya registran millones de usuarios. Cobrarles un 1,5 % puede generar que muchos usuarios y comercios prefieran regresar al uso del efectivo, lo cual tiene implicaciones negativas para la transparencia, trazabilidad y formalización económica.

Costos operativos y efectos colaterales en los medios de pago
La implementación de la retención también implica cargas operativas para los intermediarios financieros, que deberán adaptar sus sistemas para descontar, reportar y remitir esa retención ante la DIAN. Esos costos podrían trasladarse al comerciante o al usuario final, generando distorsiones en el precio de aceptar pagos digitales. Además, al elevar el “costo de operar digitalmente”, algunos establecimientos podrían preferir métodos de pago más baratos o sin registro, lo que va en contra del objetivo de formalización y fiscalización.

Riesgo de menos recaudación por contracorriente
Paradójicamente, aunque la medida busca aumentar el recaudo, podría generar el efecto contrario: si se reduce la utilización de medios digitales y se incrementa el uso del efectivo, se pierde trazabilidad fiscal y se reduce la base gravable real. En sectores de muy baja rentabilidad podría generarse evasión o informalidad, al migrar las operaciones a canales no visibles para la DIAN. Este riesgo es particularmente alto en pequeños comercios y trabajadores independientes que aún están en proceso de formalización.

Timing y señal al mercado
Finalmente, la propuesta genera señales preocupantes para el ecosistema digital colombiano. En un momento en que muchos países impulsan pagos sin costo, fintechs y billeteras electrónicas buscan escalar, esta medida puede percibirse como un freno estructural. Además, el hecho de presentarse como “una retención existente que se extiende” en lugar de “un nuevo impuesto” genera desconfianza sobre su alcance real. En un entorno económico marcado por la necesidad de estimular el consumo y la innovación, esta clase de decisiones pueden ahuyentar inversión y desacelerar la modernización del sistema financiero.

En conclusión, aunque la iniciativa del Gobierno busca corregir una aparente diferencia tributaria entre formas de pago, los efectos negativos —especialmente para la formalización, inclusión financiera, pequeños comercios y digitalización— podrían superar los beneficios esperados. Un impuesto o retención mal diseñado sobre transacciones digitales corre el riesgo de frenar la modernización del sistema de pagos, encarecer el acceso para el comercio digital y promover el regreso al uso del efectivo, lo cual implicaría menos transparencia y menor base de contribuyentes formales.

Para que la medida sea más equitativa, podrían evaluarse alternativas como: exenciones amplias para microcomercios, escalas diferenciadas para montos pequeños, aplazamiento de la aplicación mientras se consolida el ecosistema digital, o incentivos adicionales para fomentar la adopción de medios electrónicos. Si no, la propuesta podría convertirse en un freno al progreso tecnológico y financiero que Colombia necesita.