Interrogantes por las cuentas de campaña de Carolina Corcho e Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico
El Pacto Histórico vuelve a estar en el centro del debate público tras conocerse los informes financieros de las campañas de Iván Cepeda, candidato presidencial, y Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado, correspondientes a la consulta interna realizada en octubre del año pasado. Los elevados montos reportados, así como el origen de algunos recursos, han generado cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de estas operaciones.
De acuerdo con los registros presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través del aplicativo Cuentas Claras, Iván Cepeda reportó gastos por poco más de $964 millones, mientras que Carolina Corcho declaró erogaciones cercanas a los $1.400 millones. Ambos informes cumplen con el requisito de publicación, lo que permite a las autoridades y a la ciudadanía hacer seguimiento al cumplimiento de los topes y normas de financiación electoral.
Las dudas se concentran principalmente en dos préstamos millonarios provenientes de establecimientos comerciales, que representan una parte significativa de los ingresos de ambas campañas. En el caso de Carolina Corcho, los documentos señalan un crédito por $738 millones, registrado bajo el código 106, correspondiente a créditos en dinero de particulares. En otro soporte se indica que este monto estaría relacionado con la contratación de refrigerios para al menos 20 eventos políticos.

El préstamo habría sido otorgado por un restaurante identificado como ‘Gusteau Chefcito’, ubicado en el sur de Bogotá y actualmente en proceso de liquidación. Esta suma representa cerca del 52 % del total de los ingresos reportados por la campaña de Corcho. Según los registros mercantiles, el único accionista y fundador del establecimiento es Sigifredo Vergara Martínez, quien reportó una dirección en la localidad de Bosa. No obstante, al verificar la información, se evidenció que el restaurante no tendría operación visible y que su registro mercantil no habría sido actualizado en varios años, lo que ha despertado mayores interrogantes sobre la capacidad financiera del negocio para otorgar un préstamo de esa magnitud.
Adicionalmente, la campaña de Corcho también reportó un préstamo por $120 millones de José Orlando Riveros Casas, una persona que ha sido mencionada en expedientes relacionados con la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por su parte, la campaña de Iván Cepeda informó que la mayor parte de sus ingresos corresponde a créditos por $839 millones, mientras que $125 millones provendrían de recursos propios. El gerente de campaña y secretario del Polo Democrático, Antonio Peñaloza, aseguró que no se recibieron donaciones de terceros y que existen cuentas pendientes por pagar cercanas a los $600 millones, las cuales se cubrirían con los recursos del Fondo Electoral.

Uno de los créditos más cuestionados en la campaña de Cepeda es el préstamo por alrededor de $609 millones otorgado por la empresa Samat Publicidad, dedicada a actividades de impresión, productos textiles y publicidad. Según la campaña, se trata de servicios prestados que aún no han sido cancelados. El propietario de la empresa, Javier Antonio Pérez Páez, afirmó que no realizó ninguna donación y que, por el contrario, es la campaña la que mantiene una deuda por trabajos de papelería y material publicitario.
Hasta el momento, la campaña de Carolina Corcho no ha emitido un pronunciamiento amplio frente a los cuestionamientos, mientras que el equipo de Iván Cepeda insiste en que todos los movimientos están debidamente reportados y se ajustan a la normatividad vigente.
En las próximas semanas se conocerán los informes financieros de los demás candidatos al Congreso y a la Presidencia que participaron en la consulta del Pacto Histórico, lo que podría ampliar el debate sobre la transparencia, el origen de los recursos y el control a la financiación de las campañas políticas en Colombia.
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