Sobre el aumento del avalúo catastral en Popayán y el aumento del predial.
Como en el hermoso bambuco del maestro Pedro Morales Pino (Cuatro Preguntas) entre más avanza la obra y más preguntas surgen, más dudas y lugares grises y oscuros se dan en este tema de la tal Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito en la ciudad de Popayán.
Primera pregunta, ¿por qué se tomó la “torpe” determinación, por parte del alcalde de Popayán con previa autorización del Concejo Municipal, de realizar mediante contrato con el IGAC la tal actualización catastral, preciso en el peor momento, diciembre del año 2020 al momento más álgido de la pandemia cuando todos esperábamos ayuda del estado y no la cascada de alzas en el impuesto predial como realmente sucedió?
Segunda pregunta, ¿Es consciente la directora del IGAC y Catastro Nacional de las posibles ilegalidades cometidas al mantener un contrato de actualización en medio de la pandemia y 50 días de bloqueo a Popayán para un producto que debió entregarse en 10 meses, suspender el contrato el 28 de diciembre del 2021, sacar una resolución un día después y entregar la base gravable el 2 de marzo del 2022 a partir de la cual se está liquidando el altísimo predial hoy a los contribuyentes de Popayán?
Tercera pregunta ¿Se ha cuestionado el Alcalde, el Secretario de Hacienda y el Concejo Municipal de Popayán sobre las faltas en que pudieron incurrir cuando definieron “darse una norma excepcional para Popayán” al adoptar la base catastral para el cobro del predial desde marzo y no desde enero como lo ordena la ley colombiana, y midieron las posibles perjuicios a ciudadanos que teniendo negocios que tenían que consumar entre enero y marzo (como escrituras y otros), al no poder pagar impuestos, no pudieron cumplir?
Cuarta pregunta, ¿era consciente, o ignoraba el concejo municipal el inmenso daño a la ciudad al aprobar el estatuto tributario (acuerdo 024 de 30 de septiembre de 2021), lo mismo que al aprobar el llamado acuerdo de descuentos (acuerdo 038 de 17 de diciembre de 2021), en ambos casos, estando en ejecución el contrato de actualización catastral y a pesar de eso en el primero aumentaron las tarifas y en el segundo hicieron descuentos como si no fuera a subir el avalúo, como efectivamente subió de manera exorbitante? (cualquiera sea, conciencia o ignorancia ambas son igual de graves)
A pesar de que la aplicación del estudio del IGAC denota dificultades en la interpretación de los datos, y la liquidación de muchas facturas no corresponden con la realidad por posibles fallas técnicas como los estudios de zonas, como es que el contratante, es decir, el alcalde, aceptó los nuevos avalúos y por ende las alzas en el predial. Y ¿por qué no inició un proceso por incumplimiento del objeto contractual por parte de entidad contratada (IGAC) en lugar de suspenderlo el 28 de diciembre de 2021. Quizás todos estos interrogantes expliquen el secretismo y la forma que tanto el IGAC como alcaldía ocultan cuidadosamente los documentos con los que se podría descifrar este galimatías.
Quedan muchas otras preguntas, pero al menos tener respuestas a estas ayudaría a completar los argumentos a la ciudadanía, para preguntar a las autoridades ¿por qué no piden la anulación inmediata de todo este estudio mal hecho del IGAC teniendo argumentos de sobra?
Por Alonso Osorio, integrante del Comité Ciudadano Por Popayán.
