Crisis por el caso Calarcá: esto es lo que se sabe hasta la fecha

El llamado caso Calarcá se ha convertido en uno de los mayores escándalos de seguridad y de institucionalidad en Colombia en los últimos años. La investigación, basada en archivos digitales incautados a miembros de las disidencias, ha revelado posibles vínculos entre altos funcionarios del Estado y estructuras criminales bajo el mando de alias Calarcá. La situación ha generado preocupación nacional y ha abierto un profundo debate político y judicial.

1. El origen del caso: la incautación que lo cambió todo

El caso empezó en julio de 2024 durante un operativo militar realizado en zona rural de Anorí, Antioquia. En esa operación fueron incautados computadores, celulares, memorias USB, discos duros y documentos pertenecientes a integrantes de las disidencias. Aunque las personas retenidas recuperaron su libertad por figurar como “gestores de paz”, el material quedó bajo cadena de custodia.

Durante meses, investigadores analizaron los archivos encontrados. Lo que en principio parecían simples comunicaciones internas terminó mostrando documentos, chats y registros que, según las autoridades, evidenciarían contactos directos entre miembros de la disidencia y funcionarios del Estado. Las revelaciones fueron conocidas públicamente en noviembre de 2025.

Entre los hallazgos se señalan presuntas reuniones entre los líderes del grupo armado y un general del Ejército, así como comunicaciones con un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Fotos, correos y mensajes de texto expuestos por la prensa parecen mostrar intercambios continuos, coordinación de movimientos y conversaciones sobre actividades logísticas.

2. Las presuntas conexiones: acuerdos, beneficios y una “empresa fachada”

El contenido de los dispositivos incautados incluye referencias a tres elementos claves que hoy forman parte de la investigación:

a. Reuniones y coordinación con mandos estatales:
Los hallazgos muestran encuentros entre altos oficiales y representantes del grupo armado. Supuestamente, en estas reuniones se habrían discutido acuerdos para permitir movilidad en ciertos territorios sin intervención militar.

b. Intercambio de información sensible:
Los archivos exponen que miembros de la inteligencia habrían suministrado datos sobre operativos, rutas seguras y acciones del Estado. Este punto es especialmente delicado porque implica una posible infiltración directa en la Fuerza Pública.

c. Propuesta de crear una empresa de seguridad privada:
Este sería uno de los hallazgos más graves. De acuerdo con los documentos, se habría planteado conformar una empresa fachada que permitiría mover vehículos, armas y personal armado bajo apariencia legal. El proyecto habría buscado “blanquear” actividades logísticas de la disidencia a través de conexiones institucionales.

Las autoridades consideran este elemento como una amenaza directa a la integridad del Estado, pues comprometería la estructura de seguridad nacional y podría implicar lavado de activos y corrupción.

3. Reacciones del Gobierno y del Estado

Tras conocerse la información, el Ministerio de Defensa anunció investigaciones internas para determinar responsabilidades dentro del Ejército y la DNI. A su vez, la Fiscalía abrió una indagación formal para verificar la autenticidad de los chats, correos y documentos.

El presidente Gustavo Petro ordenó exámenes forenses independientes a los archivos, afirmando tener dudas sobre la manipulación o autenticidad de algunos elementos, pero aseguró que no protegería a nadie involucrado si se demuestra alguna irregularidad.

Aunque el Gobierno ha mantenido por el momento la mesa exploratoria de diálogo con las disidencias bajo mando de Calarcá, también ha señalado que los operativos militares continúan y que cualquier funcionario implicado deberá responder ante la justicia.

4. Implicaciones y lo que viene para el país

El caso Calarcá ya genera efectos políticos, militares e institucionales:

  • Cuestiona la credibilidad de la Fuerza Pública.
  • Pone en entredicho los procesos de paz con grupos armados.
  • Podría derivar en capturas de altos mandos si se comprueban los nexos.
  • Amenaza la estabilidad de los organismos de inteligencia.
  • Desata un clima de desconfianza en la opinión pública.

Hoy Colombia se encuentra a la espera de avances oficiales y verificaciones forenses. Lo cierto es que este caso podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país.

Generado con ayuda de la IA