Alcalde de Cali y gobernadora del Valle enfrentan amenazas tras atentado terrorista

Amenaza latente: plan criminal contra autoridades regionales

Tras el atentado con camión bomba perpetrado el 21 de agosto en Cali —que dejó al menos seis muertos y decenas de heridos cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez—, se reveló un plan criminal dirigido contra el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilián Francisca Toro.

Según investigaciones, las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez, vinculadas al Estado Mayor Central (EMC), estuvieron siguiendo de cerca a ambos mandatarios, con planes listos para ser ejecutados.

Ante esta amenaza concreta, los sistemas de inteligencia actuaron con rapidez. Se identificaron documentos, fotografías y otros indicios que evidenciaban el plan, lo que permitió adelantar medidas protectoras para los líderes y reforzar sus esquemas de seguridad. El alcalde Éder reconoció que se trata de una “amenaza muy seria” que conocía desde hace semanas, y añadió que sigue confiando en la capacidad de la fuerza pública para garantizar su protección.

Reacciones institucionales: rechazo y protección

La noticia generó una ola de rechazo en el país. El Procurador General, Gregorio Eljach, condenó de manera enfática cualquier intento de atentar contra la vida del alcalde y la gobernadora, y exigió acciones contundentes por parte del Estado.

Del mismo modo, gremios como el Consejo Gremial Nacional y AmCham respaldaron estos llamamientos, recordando que los mandatarios regionales son pilares esenciales de la democracia y el desarrollo territorial.

Asocapitales también expresó su preocupación por la gravedad de las amenazas, instando al Gobierno nacional y a las instituciones como la Fiscalía y los organismos de inteligencia a adoptar medidas inmediatas para proteger a los mandatarios y fortalecer la institucionalidad regional.

Asimismo, mandatarios locales como los alcaldes de Medellín y Bogotá declararon su solidaridad. Federico Gutiérrez afirmó que no cederán ante el terrorismo, señalando que el país regresa a “las peores épocas” de violencia. Carlos Fernando Galán, por su parte, pidió al Gobierno nacional reforzar la seguridad de todos los líderes locales del país.

Contexto regional: escalada de violencia y riesgo territorial

Estos hechos no ocurren en aislamiento. El atentado en Cali forma parte de una escalada de violencia protagonizada por disidencias de las FARC, como el EMC liderado por Iván «Mordisco», que ha usado carros bomba y drones en ataques recientes. Además, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana tras conocer las amenazas, identificando riesgo extremo en municipios como Riofrío, Trujillo y Bolívar. En esas zonas operan no solo las disidencias, sino también grupos como el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia y Los Rastrojos Nueva Generación, compitiendo por corredores estratégicos del narcotráfico.

Frente a este panorama, el Gobierno nacional lanzó la Operación Sultana, una estrategia antiterrorista focalizada en Cali, que implica el despliegue de tecnologías, inteligencia y recompensas para capturar a responsables de los atentados, además de fortalecer la seguridad en la región.

Conclusión

El reciente atentado en Cali y las amenazas dirigidas contra el alcalde Alejandro Éder y la gobernadora Dilián Francisca Toro evidencian una seria ofensiva de grupos armados que desafían la institucionalidad y la vida democrática. Su rápida detección impidió un posible atentado, pero también reveló la fragilidad del territorio ante la violencia organizada.

Las respuestas institucionales han sido firmes: rechazo unánime, fortalecimiento de esquemas de protección y despliegue de estrategias contra el terrorismo. No obstante, la situación exige un enfoque sostenido que combine inteligencia, justicia, presencia estatal y resiliencia ciudadana para proteger a quienes representan la democracia regional y asegurar la paz en el Valle del Cauca.

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