Masacre en zona rural de Popayán deja varias víctimas y alarma por control armado en el territorio
Una nueva masacre sacude al departamento del Cauca. Este miércoles 9 de abril de 2026, en la vereda La Meseta, zona rural de Popayán en límites con el municipio de Cajibío, fueron asesinadas varias personas al interior de una vivienda, en un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre el deterioro del orden público en la región.
De acuerdo con información preliminar, el número de víctimas aún no ha sido confirmado oficialmente. Las autoridades manejan inicialmente un reporte de cuatro personas asesinadas, mientras que versiones extraoficiales elevan la cifra a cinco o incluso seis víctimas. En medio del ataque, una persona habría resultado gravemente herida y logró escapar del lugar para pedir ayuda.
El caso se conoció tras una llamada a la línea de emergencias 123 hacia las 11:55 de la mañana, alertando sobre la posible presencia de varios cuerpos sin vida dentro de una vivienda en este sector rural. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de las víctimas ni otros detalles como edades o género.
Violencia persistente y dificultades para el acceso
Las condiciones de seguridad en la zona han dificultado el ingreso de las autoridades y organismos de socorro. Según versiones conocidas, hombres armados estarían controlando el área e incluso habrían impedido el paso de una ambulancia que se dirigía al lugar, obligándola a regresar a la ciudad de Popayán.
Esta situación ha retrasado tanto la atención de posibles sobrevivientes como el inicio de los actos urgentes de investigación. Se espera que en las próximas horas se realice un despliegue conjunto entre la Fuerza Pública, incluyendo el Ejército Nacional, para verificar lo ocurrido y asegurar la zona.
El hecho ocurre en medio de un contexto de alta complejidad en materia de seguridad en el norte del Cauca, donde comunidades campesinas han denunciado reiteradamente la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y restringen la movilidad.
Ese mismo día también se reportó otro hecho violento en Popayán: el asesinato de dos jóvenes en el sector de Lomas de Granada, quienes habrían sido atacados con armas de largo alcance. Ambos casos reflejan el preocupante panorama de violencia que atraviesa la región.
Alertas previas y presencia de grupos armados
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el alto riesgo para la población civil en esta zona. A través de la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2025, el organismo señaló la compleja situación de seguridad en el noroccidente rural de Popayán, derivada de la presencia de estructuras armadas ilegales.
Según reportes, en el área tendrían injerencia grupos como el ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas —a través del frente Jaime Martínez— y bandas locales. Estas organizaciones estarían disputando corredores estratégicos relacionados con economías ilícitas, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.
Además, factores como la baja presencia institucional, la ubicación estratégica entre municipios como Cajibío y El Tambo, y la limitada conectividad han favorecido la consolidación de estas estructuras en el territorio.
Rechazo institucional y llamado urgente
La Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente este nuevo hecho de violencia y confirmó, según información preliminar, el asesinato de al menos cinco personas y una más herida. El organismo reiteró que ya existían advertencias claras sobre el riesgo que enfrentaban estas comunidades.
Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades para acelerar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También solicitó adoptar medidas efectivas de prevención, protección y fortalecimiento de la presencia institucional en la zona.
Este hecho sería la masacre número 36 registrada en Colombia en lo corrido de 2026, lo que evidencia la persistencia de la violencia en varias regiones del país, especialmente en zonas rurales con fuerte presencia de actores armados ilegales.
Finalmente, la Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación en cumplimiento de su labor de defensa de los derechos humanos.
Generado con ayuda de la IA
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