Llamado a juicio a exministros Bonilla y Velasco por escándalo en la UNGRD sacude al Gobierno
El llamado a juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marca un nuevo capítulo en el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el actual Gobierno. Este martes 7 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, avanzando así hacia la etapa de juicio.
Ambos exfuncionarios, quienes hicieron parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, son investigados por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Invías.
Un proceso que escala
El llamado a juicio formaliza la acusación penal tras varios meses de investigación. Desde diciembre de 2025, Bonilla y Velasco permanecen privados de la libertad en centros carcelarios, luego de que la justicia ordenara su detención preventiva al considerar que representaban un riesgo para el proceso y la comunidad.
La Fiscalía sostiene que ambos habrían tenido un rol central en la estructuración de un entramado para direccionar contratos públicos con fines políticos. Según el ente acusador, se trataría de una organización con continuidad en el tiempo, objetivos definidos y participación desde altos niveles del Gobierno.
Cómo operaba el presunto esquema
De acuerdo con la investigación, el entramado habría funcionado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que se habrían utilizado recursos públicos para asegurar apoyos en el Congreso.
La hipótesis de la Fiscalía indica que contratos de la UNGRD y del Invías eran direccionados a cambio de respaldo político a reformas clave del Gobierno, como la de salud y la pensional, así como otras iniciativas legislativas.
Las cifras reveladas son millonarias: más de 74 proyectos en Invías por un valor superior a 571.000 millones de pesos, además de contratos en la UNGRD que rondarían los 40.000 millones. En total, el presunto esquema habría comprometido más de 612.000 millones de pesos.
Para los investigadores, estos recursos habrían sido utilizados como una especie de “caja menor” para negociar apoyos políticos, lo que configura un posible caso de corrupción sistemática.
Delitos imputados
En el marco del llamado a juicio, la Fiscalía acusa a los exministros de:
- Concierto para delinquir agravado
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Cohecho por dar u ofrecer
Ambos se declararon inocentes durante la audiencia de imputación y han sostenido que demostrarán su inocencia en los tribunales.
Decisiones judiciales clave
En diciembre de 2025, la magistrada Aura Rosero Baquero ordenó su captura inmediata y negó la detención domiciliaria. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la posibilidad de que los implicados pudieran interferir en la investigación.
“El material probatorio revela una empresa delictiva con vocación de continuidad”, señaló la magistrada al justificar la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Además, el tribunal consideró que la solicitud inicial de detención domiciliaria por parte de la Fiscalía no era procedente como medida principal, sino únicamente como sustitutiva.
Reacción del presidente Petro
El llamado a juicio también generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien defendió públicamente a Ricardo Bonilla.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que el exministro es víctima de persecución política y calificó su detención como arbitraria. Incluso solicitó la intervención de organismos internacionales para garantizar sus derechos.
Un escándalo que sigue creciendo
El caso de la UNGRD no solo involucra a los exministros. También ha salpicado a otros exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo que evidencia la magnitud del escándalo.
Con el llamado a juicio ya formalizado, el proceso entra en una etapa decisiva. Será la Corte Suprema la encargada de determinar si Bonilla y Velasco son responsables de los hechos que les atribuye la Fiscalía.
Este caso, considerado uno de los más graves en la historia reciente del país, pone en el centro del debate la transparencia en el manejo de recursos públicos y el uso de la contratación estatal con fines políticos.
Generado con ayuda de la IA
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