¿Es necesaria una Constituyente en Colombia? Argumentos que cuestionan su pertinencia
El debate sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto a tomar fuerza en Colombia, impulsado por sectores políticos que consideran que el actual marco constitucional limita las transformaciones sociales, económicas e institucionales que requiere el país. Sin embargo, diversos juristas, analistas y voces académicas coinciden en que una Constituyente no solo resulta innecesaria, sino potencialmente riesgosa para la estabilidad democrática.
Colombia cuenta desde 1991 con una Constitución reconocida por su enfoque garantista, su defensa de los derechos fundamentales y su apertura a la participación ciudadana. Lejos de ser un obstáculo, la Carta Política vigente ofrece múltiples herramientas legales y democráticas para impulsar reformas estructurales sin necesidad de reemplazarla por completo.
La Constitución de 1991: un marco aún vigente y flexible
La Constitución Política actual no es un texto rígido ni obsoleto. Por el contrario, ha sido reformada en más de 50 ocasiones a través de los mecanismos previstos en la misma ley, como los actos legislativos aprobados por el Congreso. Esto demuestra que el sistema permite ajustes profundos sin romper el orden constitucional.
Además, la Carta del 91 consolidó avances clave en derechos humanos, descentralización, autonomía territorial, protección de minorías étnicas y participación ciudadana. Convocar una Constituyente implicaría abrir la puerta a la revisión total de estos derechos, lo que genera preocupación frente a posibles retrocesos institucionales.
Costos políticos, económicos e incertidumbre institucional
Uno de los principales cuestionamientos a una eventual Constituyente es su alto costo económico, que se daría en un contexto de restricciones fiscales, necesidades sociales urgentes y demandas insatisfechas en salud, educación y seguridad.
A esto se suma la incertidumbre jurídica y política que generaría un proceso de esta magnitud, afectando la confianza de inversionistas, la estabilidad de las instituciones y el normal funcionamiento del Estado. Expertos advierten que estos escenarios suelen derivar en polarización política y debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Las reformas pueden hacerse sin una Constituyente
Para sectores académicos y constitucionalistas, los problemas estructurales del país no se originan en la Constitución, sino en la falta de cumplimiento, ejecución y voluntad política para aplicar las normas existentes. La corrupción, la desigualdad y la inseguridad no se resuelven cambiando el texto constitucional, sino fortaleciendo las instituciones y garantizando el respeto por la ley.
En ese sentido, las transformaciones sociales que reclama la ciudadanía pueden abordarse mediante reformas legislativas, políticas públicas efectivas y consensos democráticos, sin recurrir a un mecanismo excepcional que pone en riesgo el equilibrio institucional.
Un debate legítimo, pero no prioritario
Si bien el debate sobre una Constituyente es legítimo en democracia, no representa una prioridad para Colombia en el contexto actual. La atención del Estado debería centrarse en resolver los problemas de seguridad, reactivar la economía, reducir la pobreza y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
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