La educación debe continuar
La semana pasada se movilizaron las instituciones educativas dirigidas por congregaciones religiosas en Popayán, ante el riesgo de no poder continuar prestando el servicio educativo en el municipio. En este escrito pretendo explicar, de la manera más sencilla posible, los decretos que reglamentan los contratos que firma el municipio con estas congregaciones, así como la política educativa que respalda dichas normas.
Todos los gobiernos —incluido el actual, liderado por el presidente Gustavo Petro— han seguido la misma línea política impulsada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y, más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): convertir la mala educación en una política de Estado.
Esta orientación se basa en la privatización de la educación, parcial o total. El problema de fondo es que la educación no debe ser un privilegio ni un bien particular, sino un derecho universal, esencial para el desarrollo de toda la nación. Por definición, la educación debe ser pública, accesible para todos y financiada por el Estado, que es el único actor capaz de sostener el costo de transmitir y generar conocimiento. Además, debe estar al servicio del desarrollo nacional: la generación de riqueza, la transformación productiva, el avance científico y la mejora en las condiciones de vida de la población.
En las naciones con mayores niveles de desarrollo, la inversión estatal en educación es prioritaria. Por ejemplo, mientras en Finlandia el gasto total en educación representa el 12,1 % del PIB, en Colombia apenas alcanza el 5,3 %. En investigación y desarrollo, Finlandia destina casi el 3 % del PIB, mientras que Colombia solo invierte el 0,29 %. Estos contrastes evidencian que la educación pública y bien financiada es la base del progreso.
Sin embargo, en Colombia ocurre lo contrario: en lugar de fortalecerla, se le han recortado recursos. Desde la aprobación de los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, promovidos bajo la orientación del FMI, la educación básica y media ha perdido cerca de 200 billones de pesos en financiación.
Los contratos con las congregaciones religiosas
Actualmente, los colegios administrados por congregaciones religiosas en Popayán funcionan bajo los Decretos 1851 de 2015 y 770 de 2025, este último aprobado por el presidente Petro y el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín. Dichas normas ratifican la política educativa de los gobiernos anteriores, al permitir la “contratación del servicio público educativo” con entidades privadas o religiosas, en lugar de asumirlo directamente como una función del Estado.
Según los decretos, el municipio puede contratar el servicio educativo si:
1️⃣ Presenta limitaciones para prestar directamente dicho servicio, o
2️⃣ Tiene insuficiencias en infraestructura o personal docente.
Si se cumple alguna de estas condiciones, el municipio puede celebrar diferentes tipos de contratos, entre ellos:
- Contratos de prestación del servicio educativo: con instituciones privadas no oficiales, que reciben una “canasta educativa” para cubrir insumos, personal y mejoras.
- Contratos para la administración del servicio educativo: donde un privado administra una institución oficial del municipio, también recibiendo su “canasta educativa”.
- Contratos de apoyo pedagógico con congregaciones religiosas: las iglesias no prestan el servicio educativo directamente, pero brindan acompañamiento o estrategias pedagógicas.
- Contratos con subsidio a la demanda: el municipio paga a instituciones privadas por atender un número determinado de estudiantes.
Un llamado al equilibrio y la garantía del derecho
Más allá del debate sobre la privatización, es necesario reconocer que en Popayán más de 8.500 estudiantes son atendidos actualmente por instituciones administradas por congregaciones religiosas. Por ello, cualquier cambio en el modelo de contratación debe considerar la capacidad real del municipio para atender esta población sin afectar el derecho a la educación.
Garantizar la continuidad del servicio, preservar su calidad y mantener su carácter público deben ser los ejes de cualquier reforma. La educación no puede ser un campo de disputa ideológica o contractual: debe ser una prioridad nacional, un compromiso con el futuro.
La educación debe continuar.
Por Emanuel Espinel
