Aumento de grupos armados en Colombia: un análisis crítico según The Economist
El semanario The Economist ha publicado un artículo en que alerta sobre el crecimiento de los grupos armados en Colombia durante la administración del presidente Gustavo Petro, y lo presenta como un desafío serio para la seguridad, la gobernabilidad y el futuro del país.
Datos centrales y tendencias recientes
Según el análisis mencionado por The Economist, los grupos armados ilegales en Colombia hoy contarían con cerca de 22.000 miembros, lo que representa un aumento aproximado del 45 % desde que Petro asumió la Presidencia. Asimismo, estos grupos habrían ampliado su presencia territorial y estarían operando en más de la mitad de los municipios del país.
El artículo también enfatiza que los índices de secuestro y extorsión han registrado incrementos pronunciados: los secuestros subirían cerca de un 75 %, mientras que la extorsión se habría elevado en un 50 % en el periodo 2021-2024. En cuanto a la violencia política, The Economist destaca casos emblemáticos recientes como el asesinato del candidato Miguel Uribe, atentados con carro bomba y la caída de un helicóptero policial, que han dejado numerosas víctimas.
Factores explicativos según The Economist
El medio británico ofrece un diagnóstico que mezcla elementos estructurales, fallas de política y oportunidades aprovechadas por los grupos armados:
- Uno de los pilares del análisis es el cuestionamiento a la política de “Paz Total” del gobierno, que buscaba negociar simultáneamente con múltiples grupos armados. The Economist sostiene que ese enfoque ha sido insuficiente para contener el crecimiento de estas estructuras, e incluso algunos grupos habrían utilizado los espacios de negociación para reorganizarse y expandirse.
- La existencia de vacíos estatales es otro elemento clave. En zonas rurales con poca presencia institucional, carencia de servicios básicos, bajos accesos a justicia y economía informal, estos grupos encuentran terreno fértil para asentarse y ejercer control.
- Los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión son mencionados como fuentes constantes de financiamiento para la operación y expansión de las organizaciones armadas.
- Además, The Economist advierte que el estilo de gobernabilidad del gobierno, con alta rotación ministerial, conflictos institucionales y enfrentamientos con el sistema judicial, han debilitado la capacidad del Estado para responder de forma decisiva.
Consecuencias y riesgos para Colombia
El diagnóstico incluye escenarios adversos vinculados al aumento de estos grupos:
- La violencia generalizada se intensifica, con un impacto directo sobre la población civil: desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y violaciones a derechos humanos.
- Se debilita la legitimidad del Estado cuando la población percibe que las instituciones no protegen efectivamente ni garantizan seguridad. Esto agrava la crisis de confianza en el sistema político.
- En lo institucional, el artículo advierte que la gobernabilidad enfrenta tensiones profundas: choques con el poder legislativo, debates sobre la independencia del Banco de la República, constantes cambios en el gabinete, y tentaciones de reformas constitucionales que podrían alterar el equilibrio institucional.
- En materia fiscal, se cuestionan los costos sociales y presupuestales de sostener una estrategia de seguridad insuficiente frente a un fenómeno en expansión.
Reflexión final
El artículo de The Economist presenta una visión crítica: reconoce que algunos indicadores económicos han mejorado (como la caída de inflación o ciertos avances macroeconómicos), pero enfatiza que esos logros están en tensión con el deterioro de la seguridad y la gobernabilidad. Para el medio británico, el próximo presidente que asuma en 2026 heredará un país donde la violencia y los desafíos institucionales estarán entre los retos más urgentes.
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