Condena a Juliana Guerrero: tres años por fraude procesal y suspensión de la pena
Un juez de conocimiento de Bogotá avaló este 9 de septiembre de 2026 el preacuerdo entre Juliana Andrea Guerrero Jiménez y la Fiscalía General. La condena a Juliana Guerrero, de 24 años, quedó en tres años de prisión por fraude procesal, inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos y una multa. La pena es excarcelable: el despacho le concedió la suspensión condicional, de modo que no ingresará a un centro carcelario ni a prisión domiciliaria.
La joven aceptó haber cargado en el SIGEP dos diplomas de la Fundación Universitaria San José —Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, con fecha 1 de julio de 2025— para postularse como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, en el gobierno de Gustavo Petro. La denuncia inicial la impulsó la senadora Jennifer Pedraza.
Cómo se gestó el uso de los títulos
La Fiscalía estableció que Guerrero no cursó las materias ni presentó las pruebas Saber Pro. El Ministerio de Educación confirmó que no hay registros en el SNIES que respalden esas titulaciones. Aun así, los documentos se subieron a la hoja de vida oficial para cumplir el perfil del cargo y se presentaron ante el Ministerio de la Igualdad.
El 7 de septiembre ya había sido condenado a 36 meses Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó haber autorizado los diplomas desde la plataforma institucional. La fundación anuló los títulos. El juez de la audiencia de Guerrero compulsó copias para que la Fiscalía investigue, además, la presunta falsedad ideológica en documento público en calidad de determinadora. Esa compulsa, precisó el togado, no equivale a una nueva condena.
En la diligencia, Guerrero reconoció el delito en estos términos: admitió haber actualizado su hoja de vida en el SIGEP y haber presentado los documentos para quedar en posibilidad de aspirar al viceministerio. La Fiscalía degradó su participación de autora a cómplice, lo que permitió reducir la pena: el fraude procesal contempla de seis a doce años.
Qué contempla la sentencia y por qué no irá a prisión
La condena quedó en 36 meses de prisión, inhabilidad de 2,5 años para cargos y funciones públicas, y una multa. Sobre el monto económico los reportes no coinciden del todo: en el preacuerdo se habló de 100 salarios mínimos; otras notas indican que, al legalizar el acuerdo, el juez la fijó en 5 salarios mínimos, y hay versiones que cifran el recaudo en alrededor de 175 millones de pesos. El despacho le dio un plazo de 30 días para pagar.
El juez fue enfático: no se trató de “un simple error”. Dijo que Guerrero sabía lo que hacía y contrastó su conducta con el recorrido que deben cumplir quienes sí cursan una carrera y presentan las pruebas de Estado. Pese a ese reproche, la pena de tres años es excarcelable y se aplicó la suspensión condicional de la ejecución, con condiciones de conducta y pago a cargo del juez de ejecución de penas.
Ese punto concentra el debate jurídico y político: para unos, el preacuerdo y la suspensión caben en la ley si no hay antecedentes; para otros, el mensaje es débil porque no hay un día efectivo de privación de libertad.
Pedido de perdón y reacciones
En la audiencia y luego en una carta al país, Guerrero pidió perdón a su familia, a los jóvenes, a la universidad y a quienes confiaron en ella. Habló de arrepentimiento, de no presentarse como víctima y de “segunda oportunidad”. “Espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo”, escribió.
Jennifer Pedraza celebró que las denuncias hayan servido y que Guerrero haya confesado, pero consideró la sanción insuficiente. “Esto fue lo que protegió Gustavo Petro”, afirmó, y pidió que la investigación no se cierre en un solo nombre: reclama que se indaguen más títulos irregulares en la misma institución y un presunto “cartel” de diplomas.
María Fernanda Cabal escribió: “Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera las amigas de Petro. El que la hace, la paga”. Andrés Forero y otros opositores recordaron que Petro la defendió en público en varias ocasiones. Gustavo Bolívar calificó el episodio como un caso triste de ambición del “todo vale”, pero sostuvo que la joven puede reconstruir su vida y señaló que hay falsificadores poderosos a los que no se les aplica el mismo rasero.
Hasta esta noche del 9 de septiembre, la sentencia es reciente. Quedan el pago de la multa, el cumplimiento de la inhabilidad y el control del juez de ejecución. El caso, que nació como una alerta sobre méritos y hoja de vida en el Estado, sigue abierto en lo que respecta a la Fundación San José y a otros eventuales títulos irregulares.
Generado con ayuda de la IA
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