Caso Juliana Guerrero: condenan a 3 años al exsecretario que confesó haber expedido los títulos falsos
El Caso Juliana Guerrero ya tiene su primera sentencia. Este lunes 7 de septiembre de 2026, el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, y lo condenó a 36 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas por el mismo término.
Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo, por autorizar dos diplomas y dos actas de grado a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez. Los documentos, fechados el 1 de julio de 2025, la presentaban como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. El juez concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que el condenado no ingresará de inmediato a un establecimiento carcelario si cumple las condiciones fijadas en la providencia.
Qué resolvió el juez y cuál es la pena
La Fiscalía y la defensa presentaron el preacuerdo el 20 de agosto. En la negociación, el ente acusador ajustó la participación del procesado: pasó de ser investigado como autor a ser condenado como cómplice. El despacho consideró legal el acuerdo y dictó sentido de fallo condenatorio.
Además de los 36 meses de prisión, el juez impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual periodo. Durante la audiencia, Gutiérrez Martínez pidió perdón y calificó lo ocurrido como “una mala decisión”. El magistrado, no obstante, subrayó que los hechos afectaron la fe pública y a las comunidades educativas: el exfuncionario “consignó hechos falsos en documentos auténticos”.
Gutiérrez ocupó la secretaría general de la fundación entre el 1 de septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2025. Esa ventana de control administrativo es, según la Fiscalía, la que le permitió intervenir el trámite de grado.
Cómo se fabricaron los títulos en la plataforma de la fundación
La fiscal del caso relató el mecanismo. Gutiérrez Martínez usó su perfil de administrador —usuario 3486— en la plataforma tecnológica “Mi Matrix” de la institución. Con ese acceso tenía control sobre validaciones y autorizaciones posteriores, incluso después de que el sistema o validadores técnicos hubieran rechazado la solicitud.
Según la acusación, introdujo datos falsos sobre asistencia, aprobación de materias y cumplimiento de requisitos; anuló o ignoró las validaciones que impedían el grado; y autorizó la impresión de los dos diplomas y las dos actas. La Fiscalía y el juez coinciden en un punto central: Guerrero Jiménez no cursó las asignaturas, no presentó exámenes ni las pruebas Saber Pro —obligatorias para el título profesional— ni Saber TyT, exigidas de manera previa para el grado de tecnóloga.
En otras palabras, los documentos certificaban una trayectoria académica que no existió. Esa es la conducta que el juez resumió como consignar hechos falsos en instrumentos auténticos.
Qué sigue en el Caso Juliana Guerrero
Los títulos le permitieron a Guerrero Jiménez, oriunda de San Onofre (Cesar), cargar la información en el SIGEP y quedar a un paso de ser nombrada viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad en el gobierno de Gustavo Petro. El nombramiento no se concretó cuando estalló el escándalo.
Ella enfrenta un proceso separado por fraude procesal y, según la Fiscalía, también por falsedad ideológica en documento público, al haber usado los papeles a sabiendas de su origen irregular. Hasta ahora no ha sido condenada. La audiencia para formalizar el escrito de acusación ha sido aplazada en varias ocasiones; la nueva cita está prevista para el miércoles 9 de septiembre de 2026 ante el mismo juzgado 46 de Bogotá.
Gutiérrez Martínez es el primer condenado de esta investigación. El expediente ha mencionado, además, la posibilidad de otros títulos irregulares en la misma fundación y el eventual vínculo de funcionarios o contratistas. Esas líneas siguen abiertas.
El Caso Juliana Guerrero queda, entonces, partido en dos tiempos: una sentencia ya en firme por el funcionario que autorizó los diplomas y un juicio que apenas entra en fase de acusación contra quien los usó para intentar llegar a un cargo de alto nivel en el Estado.
Generado con ayuda de la IA
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