Arresto a alcalde y secretaria de tránsito: presuntamente ocho días de sanción en Popayán
Según un reporte de Meridiano Regional publicado el 21 de julio de 2026, el Juzgado Catorce Penal Municipal con función de control de garantías de Popayán ordenó una sanción de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes en contra del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y la secretaria de Tránsito y Transporte, Lizeth Vanesa Plazas (también referida como Lizeth Vanessa Plazas o Lizet Vanessa Plazas Quibano). En el mismo contexto informativo se menciona de manera preliminar que la medida de arresto correspondería, presuntamente, a ocho días.
La decisión judicial se produce dentro de un incidente de desacato a un fallo de tutela y vuelve a poner en el centro de la discusión la responsabilidad de los funcionarios actuales frente a incumplimientos que se arrastran desde administraciones anteriores.
Origen del desacato: una deuda administrativa de 2023
El incumplimiento original data de 2023, durante la alcaldía de Juan Carlos López Castrillón (“El Pollo”) y cuando Gloria Patricia Bolaños ocupaba la Secretaría de Tránsito. En esa época era frecuente que la administración no respondiera derechos de petición ni acatara órdenes judiciales.
El primer desacato se registró el 13 de diciembre de 2023, cuando la anterior administración dejó sin respuesta a un ciudadano. La actual administración tampoco dio respuesta correspondiente al fallo, por lo que el juzgado configuró un nuevo desacato e impuso las sanciones de arresto y multa a los funcionarios que hoy ocupan los cargos.
En Colombia, las sanciones por desacato de tutela (multa y/o arresto) recaen en el funcionario responsable en el momento de la decisión judicial, aunque el hecho original haya ocurrido en una administración previa. Esa es la razón por la que Muñoz Bravo y Plazas enfrentan la medida.
Secretaría de Tránsito: reiterados incidentes de desacato
La Secretaría de Tránsito de Popayán enfrenta varios incidentes de desacato relacionados principalmente con respuestas a derechos de petición sobre comparendos y multas. Este caso es el que, según el medio citado, ordena la sanción de arresto —presuntamente de ocho días— y la multa de tres salarios mínimos.
Los ciudadanos han denunciado de manera reiterada la demora o la ausencia de respuestas claras sobre el estado de multas, la prescripción de comparendos y los cobros coactivos. Esa acumulación de procesos ha convertido a la dependencia en una de las más expuestas a sanciones judiciales dentro de la actual administración municipal.
Hasta el momento no hay información pública sobre si la orden ya se hizo efectiva, si se encuentra en trámite de consulta ante el superior o si los funcionarios presentaron recursos. Meridiano Regional no reporta detalles adicionales sobre el estado de ejecución de la sanción.
¿Qué implica la sanción para la administración actual?
Las sanciones por desacato generan un costo económico (la multa de tres salarios mínimos) y, sobre todo, un costo político e institucional. Un alcalde y una secretaria con una orden de arresto —presuntamente de ocho días— debilita la imagen de cumplimiento y abre la puerta a nuevas acciones ciudadanas y de control.
El caso también deja una lección clara: la responsabilidad por el cumplimiento de fallos de tutela es personal y no se diluye con el cambio de gobierno. Los funcionarios actuales asumen las consecuencias de las omisiones anteriores cuando no logran subsanarlas a tiempo.
La Alcaldía de Popayán no se ha pronunciado públicamente sobre este fallo en las fuentes consultadas. Mientras tanto, la Secretaría de Tránsito sigue bajo la presión de múltiples requerimientos judiciales que, de no atenderse, pueden derivar en nuevas sanciones de arresto y multa.
El arresto a alcalde y secretaria de tránsito se convierte así en un llamado de atención sobre la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de respuesta a derechos de petición y de cumplimiento de órdenes judiciales en la administración municipal de Popayán.
Generada con ayuda de IA
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