La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de las profundas desigualdades que aquejan al país en ámbitos económicos, culturales y políticos. Esta realidad se manifiesta de manera contundente en las alarmantes estadísticas de muertes violentas de mujeres dentro del contexto de relaciones familiares o afectivas que, año tras año, sumen en luto a familias y comunidades enteras.
Las cifras de Medicina Legal revelan que durante los primeros cuatro meses del 2023 se registraron 15.081 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, en comparación con 4.611 casos en hombres durante el mismo período. Al contrastar estos datos con el mismo período del presente año, se observa un aumento de 685 casos de violencia hacia mujeres en el hogar. Estas cifras ponen de manifiesto una marcada violencia donde las mujeres sufren más del triple de casos que los hombres.
La falta de priorización política en acciones concretas es un obstáculo significativo en la lucha por reducir los niveles de violencia de género hacia las mujeres. Esta carencia se manifiesta en la escasa atención otorgada por los gobiernos, de acuerdo con las Comisaría de familia el 90% de los casos de violencia intrafamiliar contras las mujeres quedan en la impunidad.
En lugar de implementar medidas efectivas, desde el legislativo hasta las administraciones locales, se observa una tendencia a revictimizar a las mujeres. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios se han reportado 271 feminicidios y 193 intentos de feminicidio en lo corrido del año. En lugar de asumir la responsabilidad institucional, se carga a las mujeres con la tarea de identificar las señales de violencia, lo que evidencia una falta de compromiso por parte del Estado en garantizar la seguridad y protección de las mujeres.
La reciente Ley 2356 de 2024, promulgada por el gobierno nacional, constituye otra normativa dirigida a abordar el flagelo del feminicidio en Colombia. Esta ley elimina los beneficios y subrogados penales para aquellos condenados o en detención preventiva por este delito. Se suma así a las otras 7 leyes existentes en la legislación nacional que buscan imponer condenas más severas a los agresores.
Es importante señalar que la normativa punitiva por sí sola no es suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres. La reciente ola de feminicidios registrada en el país, incluso después de la promulgación de la Ley 2356, pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas integrales que aborden las raíces profundas de este problema.
Un país sumido en la miseria no tiene como garantizar los derechos de las mujeres
El país se encuentra ante el desafío crucial de fomentar el crecimiento económico, sobre todo en el ámbito productivo. El deterioro de la producción agraria e industrial constituye un obstáculo significativo en este camino. Este declive no solo impacta en la capacidad de generar riqueza y empleo, sino que también agrava el déficit fiscal y comercial, lo que compromete aún más la estabilidad económica del país.
En medio de este panorama, el aumento de la pobreza y la desigualdad emerge como una realidad palpable que afecta a la mayoría de la población colombiana. Los niveles de población en situación de pobreza y vulnerabilidad siguen siendo significativos. Según datos del DANE 2023, el 70% de la población colombiana se encuentra en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.
La situación en cuanto al acceso al empleo para las mujeres también es precaria. Según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Colombia es miembro, el país exhibe la peor tasa de empleo para mujeres, con una tasa de desempleo del 14,35%, en comparación con el 8,89% de los hombres. Resulta sorprendente que el gobierno actual se jacte en el ámbito internacional cuando la realidad económica, la violencia y la desigualdad del país están en crisis.
La institucionalidad no funciona, la prevención de la violencia se asume socialmente como una responsabilidad de las mujeres
El aumento dramático de la violencia contra las mujeres abarca diversos tipos de abusos físicos, económicos y psicológicos perpetrados en el hogar por sus parejas sentimentales, cónyuges o exparejas. Sin embargo, el sistema de denuncia e información enfrenta desafíos significativos. La falta de recursos tecnológicos dificulta la atención virtual en las Comisarías de Familia, mientras que las líneas telefónicas de atención colapsan y hay escasez de facilidades para acceder a valoraciones médico-legales.
Las líneas de atención y orientación para mujeres víctimas de violencia, como la Púrpura y la línea 155, en algunos casos no brindan una atención efectiva. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, la Personería informa que, de las 142,796 llamadas recibidas entre enero de 2020 y mayo de 2023 relacionadas con violencias basadas en género, solo 52,962 fueron respondidas y atendidas por profesionales especializados en el área. Además no realiza un seguimiento de todos los casos que ingresan a través de la Línea Púrpura Distrital. Esto se debe a su alta demanda, lo que lleva a priorizar ciertos casos.
El acceso a espacios para atender los problemas de las mujeres es limitado en el país. Según las disposiciones estatales, todos los municipios deberían contar con una casa refugio para brindar apoyo a estas situaciones; sin embargo, de los 1,103 municipios del país, sólo alrededor de 8 tienen estas casas.
La improvisación del gobierno nacional no puede seguir poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Las promesas, como la línea Salvia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, aún no se han ejecutado plenamente. Es urgente que estas medidas se implementen con el equipo necesario para abordar la magnitud de las denuncias y que estén completamente articuladas con las instituciones pertinentes. Esto es esencial para romper los ciclos de violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, es preocupante la demora en la actualización de la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin esta actualización, será difícil abordar esta crisis nacional, especialmente desde la perspectiva educativa, para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan vivir una vida libre de violencias.
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Por Helen Rojas, tomado de Más Colombia
