Luis Fernando Velasco en el escándalo de la UNGRD
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los mayores golpes para el actual gobierno, al salpicar a exdirectivos de la entidad, congresistas y exministros. Entre los señalados se encuentra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, quien ha sido mencionado por su presunta participación en el direccionamiento de contratos millonarios con fines políticos.
Señalamientos en su contra
De acuerdo con las declaraciones entregadas a la Fiscalía por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, Velasco habría tenido un papel activo en la asignación irregular de un contrato por 35.000 millones de pesos destinado a atender emergencias por inundaciones en el municipio de Sahagún, Córdoba. Dicho contrato habría sido direccionado para beneficiar al senador Julio Elías Chagüi Flórez, con la finalidad de asegurar apoyos legislativos.
Los testimonios también señalan que, en reuniones privadas realizadas a finales de noviembre de 2023, el entonces ministro del Interior habría negociado sumas similares para obtener respaldo a la reforma a la salud, ofreciendo recursos públicos a congresistas como mecanismo de presión política. Aunque los contratos finalmente no llegaron a ejecutarse debido al estallido del escándalo, las acusaciones dejaron en evidencia la magnitud del entramado de corrupción que giraba alrededor de la entidad.
La Fiscalía ha vinculado a Velasco en estas investigaciones y solicitó diligencias de arraigo para garantizar que no se ausente del país en caso de ser requerido judicialmente. De igual manera, la Procuraduría abrió una investigación preliminar en su contra, lo que incrementa el nivel de presión jurídica y política que enfrenta el exfuncionario.
La defensa del exministro
Luis Fernando Velasco ha rechazado públicamente todos los señalamientos en su contra. Según su versión, se trata de una estrategia de difamación impulsada por quienes buscan reducir sus propias responsabilidades dentro del escándalo. En este sentido, el exministro denunció por injuria y calumnia al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, asegurando que las acusaciones carecen de sustento y que jamás participó en direccionamiento de contratos.
Velasco ha insistido en que durante su gestión en el Ministerio del Interior siempre actuó en el marco de la legalidad y que su nombre está siendo utilizado para desviar la atención de los verdaderos responsables. Sin embargo, las declaraciones de testigos y las pruebas recolectadas por la Fiscalía lo mantienen en el centro del debate público.
El proceso se encuentra en etapa de verificación, pero el hecho de que la Fiscalía y la Procuraduría adelanten investigaciones formales implica que las acusaciones tienen suficiente peso jurídico para ser tramitadas en instancias superiores. La credibilidad de los testimonios y las evidencias documentales serán determinantes para definir el futuro judicial del exministro.
Implicaciones políticas y sociales
El caso de Luis Fernando Velasco no solo tiene efectos jurídicos, sino también un fuerte impacto político. El exministro fue una figura clave en el gobierno, encargado de manejar la relación con el Congreso y de sacar adelante proyectos de alto interés para la administración. Ser vinculado a un esquema de corrupción que buscaba precisamente comprar apoyo legislativo golpea la narrativa de transparencia que el Ejecutivo intentaba sostener.
En el escenario político, las implicaciones son graves. Por un lado, la reputación de Velasco se ve deteriorada al ser señalado de participar en prácticas que contradicen su trayectoria pública. Por otro, el caso alimenta un clima de desconfianza hacia el Congreso y hacia las instituciones estatales, ya que se evidencia cómo recursos destinados a atender desastres naturales pudieron haber sido usados como moneda de cambio para negociaciones políticas.
A nivel social, el escándalo genera indignación porque los fondos comprometidos estaban destinados a poblaciones vulnerables afectadas por emergencias. El hecho de que esos recursos fueran manipulados con fines políticos pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en la administración pública.
Finalmente, las investigaciones en curso determinarán si las acusaciones contra Velasco prosperan judicialmente. De confirmarse, se abriría un nuevo capítulo en el proceso de depuración institucional y se reforzaría la idea de que el caso UNGRD no fue un hecho aislado, sino un entramado que involucró a diferentes actores políticos de alto nivel. Mientras tanto, la presión sobre el exministro se intensifica y su futuro político se encuentra en entredicho.
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