La soberanía no se negocia: rechazo a la injerencia extranjera y defensa de la democracia en Venezuela y Colombia
Por Estefany Arana
En las últimas semanas, América Latina ha vuelto a quedar en el centro de una disputa geopolítica que revive viejas heridas y plantea un debate urgente: ¿quién decide el destino de nuestros países? La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura del presidente Nicolás Maduro y el uso de la fuerza en territorio extranjero, ha sido presentada como una acción “necesaria”. Sin embargo, más allá de los argumentos que se quieran imponer, lo ocurrido constituye una violación directa a la soberanía de un Estado y al derecho internacional.
Es necesario decirlo con claridad: apoyo la libertad, la democracia y el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro, sin persecución, sin autoritarismo y con garantías reales. Venezuela merece elecciones libres, instituciones fuertes y un sistema que respete a su ciudadanía. Pero defender la democracia no puede significar justificar la intervención militar extranjera, venga de donde venga. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia tienen legitimidad para imponer salidas políticas mediante la fuerza o la presión armada.
La historia ha demostrado que las “intervenciones para salvar democracias” casi nunca terminan fortaleciendo a los pueblos. Por el contrario, dejan más polarización, más violencia y menos autonomía. La democracia no se exporta en aviones militares ni se construye bajo amenazas. Se construye desde adentro, con participación ciudadana, con presión internacional legítima, con observación electoral y con diplomacia, no con cañones.
La preocupación se agrava cuando, tras lo sucedido en Venezuela, el expresidente estadounidense Donald Trump lanza amenazas directas contra Colombia, insinuando posibles acciones si el país no se ajusta a su agenda en temas como la lucha contra el narcotráfico. Ese tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino profundamente peligrosas. Colombia no es un protectorado ni un territorio subordinado a intereses externos. Es una nación soberana, con instituciones, elecciones y una ciudadanía que decide.
Y aquí es importante hacer una precisión personal y política: aunque no coincido con el presidente Gustavo Petro en múltiples aspectos de su gobierno, defiendo de manera absoluta la legitimidad de nuestras instituciones y el derecho de los colombianos a elegir libremente en las elecciones que se celebrarán en 2026. Las diferencias ideológicas se debaten en las urnas, no se resuelven con presiones extranjeras ni con amenazas de intervención. Atacar nuestras elecciones es atacar la democracia misma.
La soberanía no es una consigna vacía. Es la base sobre la cual se sostienen la democracia, la paz y la dignidad nacional. Defenderla no significa cerrar los ojos ante los problemas internos, ni justificar gobiernos cuestionables; significa entender que los cambios reales y duraderos solo pueden nacer de los pueblos, no de imposiciones externas disfrazadas de salvación.
América Latina necesita más democracia, más libertades y más cooperación internacional basada en el respeto mutuo. Lo que no necesita es volver a ser escenario de disputas imperiales. Hoy más que nunca, es momento de decirlo sin ambigüedades: democracia sí, soberanía siempre, injerencia nunca.
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