Por: Emanuel Espinel
Este es el documento con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Colombia, que están contenidas en la reforma tributaria que aprobó el congreso:
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1COLEA2022002.ashx
Son 4 aspectos en los que el Fondo Monetario Internacional afirma que Colombia debe concentrarse (ver página 12, numeral 23): los impuestos verdes (que incluyen impuesto a carbono, plásticos de un solo uso y los nuevos impuestos al petróleo y al carbón), bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados, eliminación de regímenes y tasas preferenciales, y finalmente, impuestos sobre la riqueza y dividendos (que aquí se incluye patrimonio, pensiones y renta a personas naturales). En todos esos aspectos la reforma presentada por José Antonio Ocampo cumple.
En su libro El Valor de las Cosas (2019, p. 276) Mariana Mazzucato (la economista favorita del Presidente Petro) afirma que a pesar de que la crisis financiera del 2008 fue provocada por el sector privado, no el público, y que de hecho, estos últimos (por lo menos los integrantes de la OCDE), destinaron un 2,5% del PIB para salvar a los bancos, la conclusión política promovida por el Fondo Monetario Internacional fue que la culpa había sido de los gobiernos, diciéndole a los países (especialmente los débiles), que recortaran al máximo su gasto público y se concentraran en pagar las deudas, siguiendo estas recomendaciones Grecia, Portugal y Chipre explotaron a una situación peor de la que ya traían.
Thomas Piketty (también admirado por el presidente) igualmente, en El Capital en el Siglo XXI (2014, p. 433), hablando sobre la necesidad de imponer mayores controles al capital para reducir las desigualdades, recuerda cómo, de hecho, el Fondo Monetario Internacional se ha dedicado a impulsar todo lo contrario “la liberalización completa y absoluta de los flujos de capital, sin control alguno y sin transmisión de información sobre los activos poseídos por unos y otros en los diferentes países… Fue promovido principalmente por las organizaciones internacionales, en particular la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, como debe ser, en nombre de la ciencia económica más avanzada”.
Lo interesante es que en 2021, cuando Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda de Iván Duque presentó la Ley de Solidaridad Sostenible (reforma tributaria de ese momento, que desencadenó el paro del 28 de abril), la cual pretendía recaudar 23 billones de pesos (la de Ocampo busca 20), sucedió exactamente lo mismo, en esa ocasión la reforma fue formulada por la OCDE (mírelo aquí), y recibió el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial, tal cual como ahora lo recibe la reforma de Petro y Ocampo.
La preocupación del Fondo Monetario Internacional está en hacer de Colombia un deudor viable (alguien en quién se pueda confiar al prestar), según este, la deuda pública ha aumentado al 67% del PIB tras la pandemia (es como si cada colombiano debiera 17 millones), por lo que debe reducirse a los niveles prepandemia (ver página 45, numeral 4), y las “reformas estructurales” que debe hacer Colombia en áreas fiscales, monetarias, comerciales, productividad y empleo, deben ir encaminadas en ese sentido. Luego, el enfoque principal de la reforma no está en la desigualdad ni en el desarrollo, sino en la deuda.
La tributaria, crea un IVA oculto en los productos comestibles ultraprocesados (que consumen un 21,5% de los hogares) y bebidas azucaradas (que consume el 34% de los colombianos), que incluye productos de panadería, pastelería, galletería, derivados de leche, confitería, chocolate, embutidos, cereales, mermeladas, jaleas, salsas, pastillas para caldos o sopas, helados, entre otros. Y en bebidas: gaseosas, jugos, zumos, néctares, bebidas a base de malta, energizantes, aguas saborizadas, agua mineral, mezclas en polvo, bebidas deportivas, aguas saborizadas (mencionando la mayoría). A los cuales, habrá que sumar el impuesto por plásticos de un solo uso que pagará todo producto sea ultraprocesado, azucarado o no (si tiene empaque plástico), y el impuesto al carbono (por vía indirecta), todos juntos, que suman más de 4 billones de pesos, y afectarán especialmente a las personas de menores ingresos, así como la subida en la tarifa de renta a las hidroeléctricas que podría aumentar el precio de la electricidad, que se supone, deberá controlar la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Cuándo se mide la propensión marginal a consumir para Colombia (que evalúa el impacto de un aumento en los niveles de ingreso disponible sobre el consumo y el ahorro), se encuentra que por cada peso adicional que recibe un colombiano, en promedio el 85% lo destina para aumentar su consumo (Vargas Velásquez, 2011), por lo que prácticamente no ahorra. Hecho el mismo ejercicio para Estados Unidos, se encuentra que estos pueden destinar alrededor de un 40% de sus nuevos ingresos para incrementar el ahorro, por lo que, mientras en Colombia los niveles de ahorro son supremamente bajos, en Estados Unidos, de hecho, existe un exceso de ahorro. Esto es muy importante para los países, porque cuándo una economía no tiene suficiente ahorro para impulsar el desarrollo (inversiones), debe recurrir al ahorro externo (de otros países), por lo cual, Colombia se endeuda cada vez más y operan en el país contratos de estabilidad jurídica, Tratados de Libre Comercio (TLC), zonas francas, acuerdos de doble tributación, y demás gabelas a multinacionales y el capital extranjero.
La reforma tributaria no cambia ese asunto estructural, y de hecho lo profundiza, pues los pocos que ahorran en Colombia, como los asalariados con ingresos de 11 millones (que puede ser un profesor universitario o un médico) por cuenta del impuesto de renta, terminarán destinando menos ingresos para ahorrar, pues la tarifa efectiva de tributación les aumenta un 39%, con el agravante de que sus ingresos, obtenidos por salarios o pensiones (rentas de trabajo), recibirían el mismo tratamiento a los obtenidos por dividendos, rendimientos financieros e inversiones (rentas de capital), con lo que da lo mismo los ingresos venidos del trabajo como el salario o la pensión, que los venidos de los negocios y la empresa, aún cuándo no son iguales.
A su vez, en el impuesto al patrimonio, la reforma tributaria, no corrige los gravísimos problemas de desigualdad con los súper ricos que ganan entre 500 mil y 5 billones de pesos (como Sarmiento Ángulo y otros 15 más), pero sí grava a todos los patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos justo con la misma tarifa que el que tiene 5 billones (1,5%). Thomas Piketty (2019), por ejemplo, al respecto ha propuesto que esos patrimonios de 5 billones en el mundo, paguen un impuesto del 90%, pues mientras éstos concentran la mayor parte de la riqueza, generaciones enteras nunca tendrán patrimonio.
En empresas la cosa es todavía peor, porque las pequeñas y medianas empresas pagarán el mismo porcentaje de renta que las grandes multinacionales, e incluso terminarán pagando más si la procedencia de esas multinacionales es de países con los cuales Colombia tenga acuerdos de doble tributación, y a su vez no pagarán impuesto al patrimonio ni compañías nacionales ni extranjeras.
En el balance final, la reforma aumenta precios en productos de consumo general como ultraprocesados y bebidas azucaradas, energía (petróleo, gas, carbón, posiblemente electricidad), golpea la competitividad de Ecopetrol (por los nuevos impuestos petroleros y la no deducibilidad de la renta del pago de regalías), disminuye el ahorro interno, y no corrige los graves problemas de desigualdad ni entre las personas, ni entre las empresas. Lo que nos deja aún más dependientes de la deuda externa, los TLC (que han aumentado las importaciones en el agro y la industria de productos que antes producíamos, hoy importamos más de lo que exportamos por lo que el déficit es de 25 billones de pesos) y demás gabelas al capital extranjero.
Con lo que de la mano del Fondo Monetario Internacional la posibilidad de desarrollar nuestra economía es cada vez más lejana.
